Gobernadora firma ley que endurece penas por violar órdenes de protección 

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, firmó el Proyecto de la Cámara 543, ahora convertido en la Ley 40-2026, una medida que enmienda la Ley para la Protección de las Víctimas de Violencia Sexual en Puerto Rico (Ley 148-2015) para fortalecer las sanciones contra quienes incumplan órdenes de protección emitidas a favor de víctimas de este tipo de delito.

El anuncio fue ofrecido por el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, junto al autor de la medida, el representante José “Ché” Pérez; la procuradora de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, Astrid Piñeiro; y la directora de la División de Delitos Sexuales y Delitos contra Menores de la Policía, la teniente II Lillian Ortiz Oliver.

Según explicó Pérez en conferencia de prensa, la nueva legislación tipifica como delito grave el incumplimiento de una orden de protección emitida a favor de una víctima de violencia sexual, una conducta que hasta ahora se consideraba un delito menos grave bajo la Ley 148-2015.

La medida surge, según sus proponentes, para equiparar las disposiciones de esta ley con otras legislaciones protectoras vigentes en Puerto Rico, como la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, que ya clasifica como delito grave la violación de órdenes de protección.

“La violación de una orden de protección no es solo una desobediencia a una determinación judicial; representa una amenaza directa a la seguridad y a la estabilidad emocional de la víctima. Con esta ley buscamos enviar un mensaje claro de que en Puerto Rico no toleraremos ninguna forma de violencia sexual ni la intimidación contra quienes han decidido denunciar”, expresó González Colón.

Por su parte, la procuradora de las Mujeres, Astrid Piñeiro, respaldó la medida y destacó que la nueva ley establece una pena de hasta tres años de reclusión para quienes violen a sabiendas una orden de protección emitida a favor de una víctima de violencia sexual.

“Con la firma de esta medida, el Estado envía un mensaje contundente: la seguridad de las sobrevivientes de violencia sexual no es de menor categoría que la de otras víctimas”, indicó Piñeiro, al señalar que la legislación armoniza las penas con otras leyes como la Ley 54 de Violencia Doméstica y la Ley 284 contra el acecho.

La Ley 40-2026 forma parte de las iniciativas del gobierno para fortalecer el marco legal dirigido a proteger a víctimas de violencia sexual y reforzar las herramientas del Estado para atender este tipo de casos.