Era tiempo de renovar su plan médico y, hasta ese momento, optaba por la cubierta sin límite de farmacia para asegurar que sus tratamientos y los de su hijo, paciente de cáncer, estuvieran incluidos.
Pero cuando recibió el resumen de beneficios y costos actualizado de First Medical, supo que su familia tendría que tomar la difícil decisión de cambiar su cubierta por una más económica. La prima de su plan médico familiar, es decir, el monto fijo que le pagaba a su compañía de seguro de salud cada mes, aumentaba casi $200 entre 2022 y 2023, y no tenía manera de costearlo.
“Tenía que tener una cubierta que me brindara mayores beneficios, pero ya hace dos años que tuve que cambiarme porque no podía [pagarla]”, dijo Manuel (un nombre ficticio para proteger su identidad), quien se ha desempeñado como empleado público por los pasados 26 años. Aún no ha rebasado el tope de farmacia de su cubierta, pero tiene en mente que, si ocurre, va a tener que buscar alguna manera de costear los gastos médicos de su familia.
Manuel no es el único que enfrenta esta difícil situación en Puerto Rico. Para empleados públicos activos, la prima promedio mensual por asegurado, es decir, lo que se paga a la aseguradora por cada persona cubierta, creció en un 121 % entre 2016 y 2024, según datos de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS). En el caso de los empleados públicos, el gobierno hace la aportación patronal con fondos públicos. En el caso de los empleados retirados del gobierno, el cuadro es peor: la prima promedio mensual por asegurado se disparó de $50 en 2016 a $758 en 2024, un aumento de más de 1,400 %. En ese mismo periodo, la prima promedio mensual por asegurado aumentó un 95 % para personas con planes individuales privados, quienes costean el seguro médico completamente de su bolsillo.
En general, la prima promedio mensual por asegurado, que incluye lo que pagan el individuo, el patrono y/o el gobierno de fondos públicos locales y de fondos federales de Medicaid y Medicare, se duplicó en la última década, pasando de $282 a $563, encontró el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) al analizar los informes financieros anuales presentados ante la OCS por las aseguradoras. De qué partida o combinación de partidas se paga el plan médico depende de su estatus laboral y socioeconómico, de su edad y del tipo de cubierta que seleccione cada persona.
Mientras tanto, en la pasada década, aseguradoras han reportado pérdidas millonarias, aunque, en promedio, la industria reportó ganancias de $70.5 millones en ese periodo. Al mismo tiempo, médicos y otros proveedores de servicios han denunciado que las tarifas que se les pagan a ellos se han mantenido estancadas, lo que sostienen ha contribuido al cierre de consultorios y a la escasez de especialistas.
El CPI analizó los informes financieros anuales de la última década de las siete principales aseguradoras de salud en Puerto Rico: First Medical, MCS Advantage, MMM Healthcare, MMM Multi Health, Plan de Salud Menonita, Triple-S Advantage y Triple-S Salud. Estas aseguradoras, que en realidad pertenecen a cuatro conglomerados, cubren a aproximadamente el 75% de las personas en Puerto Rico. Las primas promedio por asegurado, utilizadas en el análisis del CPI en consulta con expertos en salud pública, se calcularon dividiendo el ingreso total de primas de todas las aseguradoras, incluyendo el plan público, Medicare Advantage y los planes privados, entre el número de personas cubiertas cada mes.
El CPI solicitó entrevistas con todas las aseguradoras examinadas, pero solo Triple-S y el Plan de Salud Menonita accedieron. MCS dijo al CPI que no concede entrevistas sobre las finanzas de su empresa, pese a que reciben $4,700 millones en fondos públicos del programa Medicare, mientras que First Medical y MMM dijeron que no darían entrevista.
Triple-S y el Plan de Salud Menonita dijeron, en entrevistas separadas, que los aumentos de sus primas se hacen a partir de estudios actuariales, que son análisis financieros para evaluar riesgos económicos. También indicaron que factores como la utilización del plan y el alza en el costo de medicamentos inciden en los incrementos. Al momento de publicación, la OCS no había respondido las preguntas del CPI sobre su rol en el proceso de aumentos de primas.
El secretario de Salud, Víctor Ramos Otero, dijo que las aseguradoras de salud deben someter a la OCS los estudios actuariales que justifiquen los aumentos en las primas en los planes comerciales. En los planes Advantage, indicó, los estudios actuariales se le presentan a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) para que éstos autoricen las primas. Y en el caso de Vital, como la cubierta es fija durante los años que dure la contratación, el estudio actuarial que la ASES solicita para negociar los aumentos en primas se limita al patrón de gastos de cada aseguradora. Las primas de Vital casi siempre aumentan, dijo, porque la tendencia de gastos médicos “ha aumentado dramáticamente”, especialmente por el área de farmacia.
El aumento en los costos de medicamentos ronda entre un 3 % a un 4 % anualmente, indicó Linda Ayala Bousson, directora ejecutiva de la Asociación de Farmacias de Comunidad. Este año, sin embargo, el aumento ronda el 5 %.
Para pacientes que pagan parte de su plan médico de su bolsillo, el aumento en la prima representa una carga económica mayor y tiene la consecuencia de una posible reducción en el uso de servicios médicos, según expertos entrevistados por el CPI. Según datos de la OCS, la prima promedio mensual por asegurado de un plan individual privado aumentó de $85 a $166 entre 2016 y 2024.
“Si tú eres quien lo está pagando directamente de tu bolsillo, o tu patrono junto contigo, tiene un efecto inmediato de que se reduce el ingreso que te sobra para otras cosas”, dijo Heriberto Marín Centeno, economista y profesor del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR). “Eventualmente, esos aumentos van a implicar que hay gente que posiblemente no pueda pagar un seguro de salud o gente que tenga que dejar de pagar un servicio”, agregó.
Según la Encuesta de la Comunidad del Negociado del Censo, en 2024, se estima que había más de 178,000 personas en Puerto Rico sin cubierta médica. Asimismo, otra encuesta de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades sostiene que, ese año, un 9.8% de la población adulta necesitó en algún momento ver a un médico, pero no podía costearlo.
Aumentan los copagos y se reducen los beneficios
Iván Colón Pérez, consultor de servicios de salud, sostuvo que los planes privados han optado por aumentar los copagos para contrarrestar el aumento en los costos de salud para estas empresas. Si una quimioterapia cuesta $30,000, un copago del 30% significaría que el paciente tiene que pagar $9,000 por el tratamiento, ilustró Colón Pérez.
La prima es lo que paga el asegurado mensualmente por su plan médico y, a veces, en parte el patrono. Un copago es la cantidad adicional que paga el paciente asegurado al momento de recibir un servicio médico específico, mientras que un deducible es lo que el beneficiario debe pagar antes de que el seguro comience a pagar. Es decir, un deducible de $100 significa que el plan no pagará hasta que el beneficiario haya gastado esa cantidad en servicios cubiertos. En cambio, un copago de $20 para ver a un especialista significa que el asegurado debe pagar esa cantidad por visita para recibir ese servicio y el resto lo cubre el plan.
“En la medida en que han aumentado las primas, los patronos han estado más reacios a pagar. Porque claro que no puede ser indefinido, no puede ser un bolsillo sin fondo”, dijo Colón Pérez. “Pero las aseguradoras le han dicho a los patronos: ‘Mira, yo te puedo mantener la prima solamente con un aumento de 5%, 10%, pero tenemos que aumentar los copagos o tenemos que poner un límite en la cubierta’”, añadió.
Por su parte, Marín Centeno sostuvo que el uso de los copagos es una estrategia que busca mantener las primas relativamente estables para quienes la pagan, pero implica que el paciente absorbe más costos directamente, pues aumenta lo que tiene que pagar de su bolsillo.
“Esa estrategia tiene un costo también, aparte del costo, obviamente, en dólares y centavos, y es que en la medida en que tú estás dispuesto a sacrificar de tu bolsillo para pagar más en deducible y copago, eso empieza a aumentar las barreras para el acceso a los servicios”, dijo el economista.
Manuel, el empleado público, señaló que el aumento en la prima de su cubierta médica no ha venido acompañado por mayores beneficios, sino que ha ocurrido lo contrario, pues ahora, además, paga copagos más altos.
En 2024, narró Manuel, su familia tuvo que pagar cerca de $1,000 en copago por una tomografía por emisión de positrones (PET scan en inglés) para su hijo de 22 años, quien fue diagnosticado con cáncer hace ocho años y hoy está en remisión.
Asimismo, Manuel, quien sufre de migrañas, ahora paga aproximadamente $30 por un medicamento para esa condición que anteriormente no requería ese pago. A esa medicina se suman otras que debe tomar para controlar el colesterol y la alta presión. En total, paga alrededor de $60 mensuales por sus tratamientos.
Como una medida para reducir costos, contó, en ocasiones alterna los medicamentos que compra cada mes. Por ejemplo, si un mes compra el tratamiento para la hipertensión y el del colesterol, el siguiente compra solo uno de ellos.
“Hay que hacer de tripas, corazones, como dicen los puertorriqueños”, dijo Manuel, quien tiene una cita con un neurólogo próximamente que le costará $200 porque el especialista no acepta planes médicos.
Empleados y pensionados en aprietos
A juicio de Joaquín Pérez Cruz, presidente de la Asociación de Pensionados del Gobierno de Puerto Rico, la situación es crítica para los jubilados que no cualifican para Medicare —el programa federal que ofrece cubierta a personas mayores de 65 años— ni reciben aportación patronal para sus cubiertas médicas.
Retirados de la Policía que no cotizaron Seguro Social, por ejemplo, no cualificarían para una cubierta Medicare, mientras que empleados jubilados luego del 2013 no cuentan con una aportación patronal del Gobierno para sus planes médicos. En estos casos, los jubilados tienen que sacar dinero de su pensión para pagar un plan médico, dijo Pérez Cruz.
“Hay pensionados que me han dicho a mí que no pueden continuar el tratamiento porque el dinero que reciben no les da para el deducible de ese tratamiento. En esa crisis están los pensionados”, dijo Pérez Cruz.
Entre los empleados públicos activos, aquellos con planes familiares o de pareja han sido los más afectados por el aumento en los costos de las primas, según la presidenta de Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico (SPUPR), Jessica Martínez Santos. Hasta la mitad de la quincena de estos empleados puede irse en el pago de su cubierta médica, aseguró.
“El efecto más fuerte se ve en lo que son los planes familiares y los planes de pareja, y que estamos pagando más por menos cobertura”, dijo Martínez Santos, cuyo sindicato representa alrededor de 10,000 empleados públicos.
Según datos de la Administración de Seguros de Salud (ASES), la prima de un plan médico familiar al amparo de la Ley de Beneficios de Empleados Públicos (Ley 95 de 1963) oscila entre $473 y $2,773 al mes, mientras que un plan de pareja puede costar desde $383 hasta $2,205 mensuales. Las cuatro aseguradoras contratadas para proveer cubierta médica al amparo de esta ley ーFirst Medical Health Plan, Auxilio Salud Plus, Plan de Salud Menonita y PROSSAMー cubren a aproximadamente 125,000 empleados públicos. El plan médico First Medical tiene las primas más altas en las cubiertas individual, pareja y familia bajo esta ley. Sin embargo, los pacientes enfrentan problemas para acceder a médicos, sobre todo especialistas, quienes han dejado de aceptar el plan a raíz de los impagos, según una investigación CPI.
En el caso de SPUPR, explicó Martínez Santos, el sindicato puede negociar directamente con las aseguradoras. En agosto de 2025, la matrícula de ese sindicato eligió por votación a First Medical como su plan médico único. Por ejemplo, la prima mensual de un plan familiar para cuatro personas con esta aseguradora puede ascender a $807, y la aportación patronal es de unos $170, dijo Martínez Santos.
Ante el aumento en los costos médicos, Manuel y su esposa han contemplado cambiarse al Plan Vital, pero no cualifican por sus ingresos. La única opción de la familia, dijo, es mantenerse con el plan médico negociado por SPUPR. Si no, se quedarían sin cubierta médica.
Migran a Vital aquellos con enfermedades catastróficas
Hay empleados públicos con enfermedades catastróficas, como cáncer, que optan por trasladarse al Plan Vital para poder cubrir sus tratamientos costosos, dijo Martínez Santos. “Nosotros, a través de nuestro broker, ayudamos a que se vayan entonces a la ‘Reforma’ [Plan Vital] y que el proceso no sea tan tedioso”, relató.
El director ejecutivo de la ASES, Carlos Santiago Rosario, reconoció en una vista pública el pasado abril que, ante las limitaciones de las cubiertas de los planes médicos privados, los beneficiarios han tenido que suscribirse al Plan Vital para poder acceder a servicios y tratamientos.
“Es un hecho que los planes comerciales están limitando sus cubiertas de salud de tal manera que las personas quedan desprovistas de cubierta y tienen que recurrir al Plan Vital para obtener servicios y tratamientos costosos que sus planes no cubren”, dijo Santiago Rosario ante la Comisión de Salud del Senado.
“El diseño de las cubiertas de salud de los planes comerciales, aunque tienen requisitos mandatorios de cubierta, jamás se compara con la cobertura de Plan Vital, por lo que se convierte en la única alternativa de tratamiento para muchos pacientes”, añadió el director ejecutivo.
El principal oficial ejecutivo del Sistema de Salud Menonita, Ricardo Hernández Rivera, reconoció también que la cubierta del Plan Vital es superior a la de los planes privados.
“A menos que usted no tenga un plan médico que tenga una serie de cubiertas especiales, que el patrono no le paga esas cubiertas especiales, los planes médicos comerciales, hoy día, cubren menos beneficios de los que cubre Vital”, dijo.
Por ejemplo, algunos pacientes con enfermedades inflamatorias del intestino han tenido que recurrir al Plan Vital, a pesar de que cuentan con un plan médico privado, para cubrir medicamentos costosos, dijo Esther Torres, presidenta de la Fundación Esther A. Torres Pro Enfermedades Inflamatorias del Intestino. Los medicamentos biológicos pueden costar hasta $23,000 por dosis, indicó.
La migración de personas con planes privados al Plan Vital aumenta los costos al seguro médico del Gobierno sin que necesariamente aumenten los fondos Medicaid asignados por el Congreso para subvencionar el plan, señaló la doctora. “Eso empeora el sistema porque le está poniendo más costo al sistema de Medicaid”, puntualizó Torres, quien señaló que la complejidad de los planes médicos y la falta de conocimiento sobre el proceso para seleccionar una cubierta son barreras significativas para el acceso a los servicios.
El Secretario de Salud coincidió con que la limitación de servicios de los planes médicos está “afectando significativamente a Vital”.
“Cuando alguien está significativamente enfermo, lo mandan para la Reforma [Vital]”, sostuvo.
Explicó que las personas pueden cualificar para el Plan Vital de varias formas, entre ellas el nivel de pobreza o por el gasto médico que tenga el paciente.
Ramos Otero indicó que una auditoría de CMS del 2021 señaló la forma en que la ASES estaba cualificando a los pacientes por el gasto médico. Según el funcionario, la ASES estaba calculando, para ver si el paciente cualificaba o no a base del costo del medicamento, no de lo que realmente paga el paciente. El funcionario aseguró que esto se está corrigiendo.
Algunos pacientes también tienen que recurrir al Fondo Catastrófico del Departamento de Salud porque sus planes médicos no cubren los tratamientos que necesitan. Ramos Otero aseguró que el Fondo “cubre cosas específicas”, que “son las más caras”, como los trasplantes. Sin embargo, una investigación del CPI reveló que aprueba otro tipo de tratamientos como “terapias de rehabilitación”, “terapias del habla” e “implante coclear”, un dispositivo electrónico que mejora, pero no cura problemas auditivos. Según la investigación, el Fondo lleva al menos una década operando de manera irregular y ha aprobado donativos por más de $200 millones en los pasados 10 años de forma arbitraria y sin criterios uniformes. Además, ha registrado déficits y falta de pago a proveedores, quienes se han negado a aceptar a otros pacientes por esta razón.
El secretario de Salud dijo que hay terapias costosas como las genéticas, que en ocasiones el Fondo Catastrófico las tiene que cubrir porque la mayoría de los planes privados no las cubren.
La salud fiscal de las aseguradoras
La comisionada de Seguros, Suzette del Valle Lecároz, dijo en declaraciones escritas al CPI que ha identificado “varias entidades” que se encuentran bajo supervisión directa mensual de la agencia, pero no especificó cuáles aseguradoras está monitoreando su oficina.
“La salud fiscal de las aseguradoras de salud en Puerto Rico enfrenta retos significativos”, dijo Del Valle Lecároz, quien resaltó el aumento sostenido en los costos de medicamentos y el impacto de la inflación en los gastos operacionales y médicos entre esos “retos significativos”.
Para algunos expertos entrevistados por el CPI, las pérdidas reportadas por las aseguradoras en años recientes pintan un panorama tétrico. Otros, sin embargo, argumentan que la industria es más rentable de lo que sugieren las métricas de ganancias y pérdidas en los informes financieros. Por ejemplo, desde 2018, las aseguradoras han gastado más de $50 millones anualmente en mercadeo, con un pico de alrededor de $78 millones en 2020, según el doctor en Política de la Salud y profesor universitario Sergio Rivera Rodríguez.
En un análisis preparado para la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (Acodese), el economista Vicente Feliciano concluyó que, ante el alza constante en los costos de atención médica y en la demanda por servicios, los individuos, los patronos o el Gobierno tendrán que pagar más a los planes médicos. Una alternativa a pagar más sería controlar la utilización, es decir, reducir las cubiertas, lo cual ya está ocurriendo, según encontró el CPI.
Según los informes anuales del OCS, el 2020 marcó el año de mayores ganancias para la industria de los seguros de salud en la pasada década, con $256 millones, y el 2023 fue el único año de pérdidas, de $551 millones.
El pico de ganancias del 2020 coincidió con el inicio de la pandemia de COVID-19, periodo en el que pacientes postergaron procedimientos y visitas al médico, lo que redujo los gastos de las aseguradoras, según Feliciano. Las pérdidas de 2023 se debieron en parte a un aumento en la utilización de servicios por parte de pacientes que pospusieron procedimientos durante la pandemia y cuyos problemas de salud preexistentes empeoraron, expuso en su informe.
Mientras tanto, un análisis de Marín Centeno sostiene que la narrativa de que esta industria es poco rentable es engañosa porque se enfoca solo en los márgenes de ganancia, sin tomar en cuenta otros indicadores, como el retorno sobre el patrimonio neto (ROE en inglés) y el retorno del gasto en la gestión de riesgo. El ROE mide las ganancias que genera una empresa con el dinero de sus accionistas, mientras que el retorno del gasto en la gestión de riesgo mide la ganancia de una inversión tomando en cuenta el nivel de riesgo que se asumió para obtenerla. En su análisis, el economista concluyó que los márgenes de rentabilidad son hasta 11 veces más altos que lo que reporta oficialmente la industria de seguros médicos.
“Ellas [las aseguradoras] están minimizando realmente lo que se gana porque les conviene desde el punto de vista de mensaje de comunicación masiva a la población y a los políticos”, dijo Marín Centeno. “A las aseguradoras les conviene decir que realmente no se ganan mucho, que se ganan poquito, que están en una situación frágil, vulnerable, que, en otras palabras, hay que cogerles pena, en vez de ser fuertes con ellas”, abundó.
En años recientes, la industria de seguros de salud en Puerto Rico ha estado marcada por cambios significativos, desde la salida de empresas hasta las adquisiciones de aseguradoras locales por compañías estadounidenses. En febrero, First Medical despidió a decenas de empleados como parte de “un proceso de reorganización institucional”.
El pasado 1 de enero, Humana dejó de ofrecer planes Medicare Advantage en Puerto Rico, lo que deja a la creciente población de adultos mayores y a jóvenes con discapacidades en Puerto Rico con menos opciones de cubierta. La salida del plan Medicare Advantage de Humana ocurrió unos tres años después de que la empresa anunciara que dejaría de ofrecer coberturas de salud grupales, una determinación que afectó a cerca de 50,000 asegurados.
Mientras tanto, aseguradoras como Triple-S, MMM y MCS han pasado a manos de empresas estadounidenses. En 2021, la empresa Anthem, con sede en Indiana, completó el proceso de adquisición de MMM Holdings. A principios de 2022, MHH Healthcare, una compañía de Kinderhook Industries, en Nueva York, compró MCS, y GuideWell, de Florida, finalizó ese mismo año la adquisición de Triple-S Management Corporation, empresa matriz de Triple-S Salud y Triple-S Advantage.
Para Colón Pérez, el consultor de servicios de salud, las adquisiciones de aseguradoras locales no hubieran ocurrido si estuvieran en una mala situación financiera. Indicó que hubo aseguradoras como MMM que se vendieron “por miles de millones y ahora resulta, dos años después, que tienen unas pérdidas de cientos de millones de pesos”. Con más de 275,000 afiliados de Medicare Advantage y más de 314,000 beneficiarios de Medicaid, MMM es el noveno plan de Advantage más grande en los Estados Unidos y el segundo plan de Medicaid más grande en Puerto Rico.
“Las aseguradoras de Puerto Rico son negocios con fines de lucro en los que los dueños tienen una responsabilidad con sus accionistas. ¿Y cuál es la responsabilidad primaria de una empresa que tiene accionistas? Es maximizar el beneficio de los accionistas; para eso existen”, sostuvo Colón Pérez.
Tanto Marín Centeno como el contador y consultor Julio A. Galíndez, quien ha trabajado con el sector de la salud desde hace 30 años, destacaron en entrevistas por separado las dificultades causadas por la alta concentración del mercado en cuatro empresas, lo cual da pocas opciones a los pacientes y a los proveedores, que tienen que aceptar las tarifas que les imponen.
La concentración del mercado “le quita poder al paciente”, subrayó, por su parte, Rivera Rodríguez, “hace que puedan denegar más tratamientos con más facilidad”.
A su vez, las aseguradoras son las que en la práctica deciden quién puede ejercer medicina en Puerto Rico, pues controlan los procesos de credencialización para la entrada en sus redes de servicios y contratación, planteó Galíndez.
La credencialización es un proceso mediante el cual los médicos y proveedores presentan documentación para convertirse en un proveedor de un plan médico.
“Las tarifas han estado congeladas por 20 años”
Según la doctora Sissi Michelle Barreto Sosa, presidenta del Comité de Planes Médicos del Colegio de Médicos Cirujanos (CMC), las tarifas de los médicos han estado congeladas por casi 20 años, lo que ha obligado a algunos doctores a tener más de un trabajo.
La doctora mencionó que algunos problemas con las aseguradoras incluyen retrasos en los pagos, denegaciones de recetas y reducción de beneficios para los asegurados.
“La lucha, el cansancio día a día que tiene el médico cuando hace el recetario, escribe la justificación clínica sustentada, y dos o tres veces no le dan la receta, se la viran y le dan un medicamento parecido, mas no el indicado para la condición”, lamentó la doctora de familia y geriatra.
Barreto Sosa dijo que la gran mayoría de las solicitudes que recibe el comité están relacionadas con terminaciones unilaterales de contrato. “Usualmente, cuando se hacen estas terminaciones, son a médicos que los planes determinan que tienen un gasto excesivo”, dijo.
La también profesora en el Recinto de Ciencias Médicas de la UPR sostuvo que los problemas con las aseguradoras han llevado a algunos doctores, particularmente especialistas, a no aceptar planes médicos, lo que resulta en que los pacientes enfrenten mayor dificultad para acceder a servicios.
“Entendemos que debemos responder a unos gastos administrativos fiduciarios, pero el propósito de cualquier plan médico es el bienestar del paciente, no pensar que la salud es una industria ni un negocio. Sin pacientes no hay sistema de salud. Sin médicos no hay sistema de salud”, dijo.
Un informe de 2025 preparado por Rivera Rodríguez para el CMC encontró que, entre 291 médicos encuestados, el 82% señaló los problemas con las aseguradoras como la razón principal por la que emigrarían de Puerto Rico.
“Un factor muy importante son las trabas que le ponen los planes médicos para aprobarle los medicamentos de sus pacientes”, mencionó Rivera Rodríguez. “El médico es quien estudió esto, es quien sabe cuáles son los medicamentos que funcionan debido a las condiciones del paciente, y obviamente se frustra cuando una aseguradora le dice: ‘No, eso no es lo que necesita el paciente’”, agregó.
Similar a la situación de los médicos, el presidente de la Asociación de Laboratorios Clínicos, Felipe Cintrón Zayas, aseguró que este sector lleva casi dos décadas con reducciones unilaterales por parte de las aseguradoras de salud.
“El problema de todo esto es que se supone que el plan se siente con el proveedor a negociar un acuerdo; somos socios de negocio. Pero la realidad es que esto ha sido como una imposición unilateral. ‘Esto es lo que te voy a pagar. ¿Te gusta, no te gusta? Si no, yo, sencillamente, te quito el plan y mis pacientes no van allí’”, sostuvo Cintrón Zayas.
“A veces me cuestiono cuál es la función del plan médico, si es manejar los fondos o es hacer competencia desleal. Porque hemos visto también donde ellos montan clínicas que hacen competencia con nosotros y nos montan en rangos sumamente cerca de proveedores de salud, donde te exigen a ti que cobres un deducible [o copago] a este paciente, pero le dicen al paciente: ‘Si tú vas a las clínicas nuestras, te cobramos cero’”, dijo.
“Las aseguradoras llegaron a un momento que realmente lo que están haciendo es una competencia desleal para, eventualmente, matar la accesibilidad del paciente (de hacerse sus análisis en los laboratorios de su preferencia)”, agregó Cintrón Zayas.
“Nunca hemos recibido aumento (en las tarifas) en estos últimos 20 años. Nunca”, reiteró, al tiempo que auguró que, si la situación continúa, llegará el momento en que, al igual que algunos estados, sólo acepten dinero en efectivo.
De hecho, la Asociación de Laboratorios Clínicos demandó a Triple-S en diciembre de 2025 por reducir unilateralmente las tarifas pactadas en los contratos de proveedor de servicios de laboratorios. El caso sigue activo en los tribunales de Puerto Rico.
Sobre este litigio, la licenciada Frances Cifuentes, vicepresidenta legal de Triple-S, dijo al CPI que la aseguradora adoptó el más reciente tarifario de laboratorios de Medicare publicado por CMS.
“El tarifario actualizado incluye nuevas pruebas diagnósticas y refleja ajustes en las tarifas de las pruebas existentes en las que los costos de procesamiento han disminuido debido a los avances tecnológicos”, dijo Cifuentes en declaraciones escritas.
El Secretario de Salud aseguró que la última vez que hubo una revisión integral de tarifas en el sector comercial de los seguros de salud fue en el 1993, o sea “ver el sistema y ajustarlas todas”. Indicó que, desde entonces, solo se han dado algunas negociaciones individuales.
Mientras tanto, los pacientes pagan cada año más por menos servicios y menos acceso a médicos. Para Rivera Rodríguez, la raíz del problema es la forma en la que está estructurado nuestro sistema de salud y la manera en la que prioriza el lucro sobre el bienestar de los pacientes.
Antes de la década de 1990, Puerto Rico contaba con un sistema de salud público en el que el Gobierno era proveedor directo de servicios médicos y hospitalarios por regiones, pero eso cambió con la llamada Reforma de Salud, impulsada por el exgobernador Pedro Rosselló González, que marcó la privatización de los servicios con la contratación de aseguradoras privadas.
Galíndez sostuvo que se requiere un análisis a nivel multisectorial para alcanzar un sistema “en donde todos podamos tener equitativamente” las mismas responsabilidades, riesgos y compensaciones.
“Yo creo que debería haber alguna discusión en donde todos los sectores estén representados, y abran los libros. Vamos realmente a ver en qué estamos gastando el dinero”, dijo Galíndez.
Un análisis presentado en 2025 por Estudios Técnicos, Inc. y Galíndez LLC encontró que los recursos económicos públicos y privados para el sector de la salud aumentaron de unos $8,500 millones en 2011 a $17,000 millones en 2024, a pesar de una reducción poblacional de 3.7 millones de personas a 3.2 millones.
“Tenemos que obligarnos a preguntarnos cómo es que el dinero, esos $17,000 millones, se gastan porque en algún sitio hay un leakage, en algún sitio hay una filtración que desafortunadamente no termina en donde debe terminar, que es en el cuidado del paciente”, manifestó Galíndez.
La periodista Amanda Pérez Pintado es integrante de Report for America.
Esta nota se publica en Metro.PR gracias a una alianza con el CPI. Puedes ver la historia original AQUÍ.
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