Firman medidas sobre centro de autismo, finca de Vieques y carretera en Toa Baja 

“Las organizaciones sin fines de lucro que atienden a nuestras poblaciones más vulnerables necesitan herramientas que les permitan planificar a largo plazo y continuar ampliando los servicios que ofrecen. Con esta resolución damos un paso para evaluar una alternativa que fortalezca la permanencia de un centro que representa esperanza, inclusión y calidad de vida para decenas de familias puertorriqueñas”, dijo González Colón en declaraciones escritas.

La Resolución Conjunta 41-2026 ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEDBI) evaluar la transferencia, un usufructo u otro negocio jurídico por más de diez años a favor del Centro Corazón Azul, Inc. sobre la antigua Escuela Ernesto Juan Fonfrías, en Candelaria, Toa Baja.

Centro Corazón Azul ofrece en esas instalaciones servicios gratuitos de desarrollo de destrezas para la vida independiente, rehabilitación vocacional y terapias para adultos mayores de 21 años con autismo severo nivel 3. Según la medida, se trata del único centro diurno de esa naturaleza en Puerto Rico.

La organización, fundada por madres de adultos con autismo, ocupa la propiedad mediante contratos de arrendamiento autorizados por el CEDBI. Cualquier acuerdo deberá reservar las instalaciones para fines públicos, sociales y comunitarios relacionados con la atención de personas con autismo severo.

Esa resolución surgió de la Resolución Conjunta de la Cámara 128, de la autoría de los representantes Pedro “Pellé” Santiago Guzmán y Carlos Johnny Méndez, con Lisie Burgos y Tatiana Pérez Ramos como coautoras.

Por otra parte, la Resolución Conjunta 42-2026 ordena a la Autoridad de Tierras y la Junta de Planificación liberar las condiciones de preservación e indivisión impuestas sobre la Finca 1662, ubicada en el barrio Florida de Vieques.

“Con esta resolución hacemos justicia a una familia que por décadas ha permanecido limitada por unas restricciones que ya no responden a la realidad para la que fueron creadas. Nuestro Gobierno continúa evaluando cada caso con responsabilidad, garantizando el respeto a la política pública de protección de los terrenos agrícolas, pero también atendiendo circunstancias particulares que ameritan una solución legislativa”, expresó la gobernadora.

La finca pertenece a los herederos de Marcelo García Belardo y Aurelia González Lugo, quienes permanecían sujetos a restricciones de la Ley de Preservación de Tierras para Uso Agrícola, aunque el Estado renunció hace más de 20 años a ejercer su derecho preferente de adquisición.

Con la liberación, los herederos podrán desarrollar el predio conforme a las nuevas disposiciones. La medida se originó en la Resolución Conjunta de la Cámara 291, de la autoría de Carlos Johnny Méndez.

González Colón también firmó la Resolución Conjunta 40-2026, que designa como “Francisco ‘Paco’ Ortiz Santos” el tramo de la carretera PR-866 entre la intersección de la Panadería Mi Pan y la carretera PR-872, en Sabana Seca, Toa Baja.

El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y el Municipio de Toa Baja tendrán 90 días para colocar la rotulación. La Resolución Conjunta de la Cámara 165 fue presentada por Pedro “Pellé” Santiago Guzmán a petición de Darybel Ortiz.