Falta de fondos y riesgos fiscales motivan cuatro vetos 

Por su parte, el Proyecto de la Cámara 279 proponía la disponibilidad de torniquetes y adiestramiento para su uso en agencias gubernamentales y escuelas públicas. González Colón sostuvo que la medida no contemplaba los recursos suficientes ni definía aspectos operacionales esenciales, mientras que el Departamento de Salud estimó en aproximadamente $150,000 los costos para desarrollar e implantar el registro y capacitar al personal.

En cuanto a las resoluciones conjuntas 62 y 63, relacionadas con el alumbrado público en Mayagüez y San Germán, respectivamente, la gobernadora determinó que las iniciativas debían atenderse conforme a los mecanismos establecidos en la Ley 174-2026. Según explicó, proceder sin esa coordinación podría generar costos no reembolsables, duplicación de esfuerzos y riesgos para fondos públicos y federales.

De otra parte, González Colón convirtió en ley dos proyectos dirigidos a la inclusión digital de los adultos mayores y a agilizar la aprobación de proyectos tecnológicos gubernamentales financiados con fondos federales.

La Ley 208-2026 enmienda la Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores para fortalecer las garantías de acceso a servicios públicos y privados, sin discrimen por desconocimiento tecnológico o falta de acceso a internet y dispositivos electrónicos.

Asimismo, la Ley 209-2026 establece un término de 90 días laborables para la revisión, evaluación y aprobación de proyectos tecnológicos de agencias gubernamentales financiados en su totalidad con fondos federales. La medida busca agilizar los procesos administrativos y facilitar el uso oportuno de esos recursos.

Finalmente, la gobernadora firmó la Resolución Conjunta 66-2026, que conmemora el 250 aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos y solicita formalmente al presidente y al Congreso federal la admisión de Puerto Rico como estado de la Unión, en igualdad de condiciones con los demás estados.