Exigen al gobierno que no insista en la privatización luego de sacar a LUMA 

La organización sin fines de lucro CAMBIO hizo un llamado al gobierno para que, en caso de que se concrete la anulación del contrato de la empresa LUMA Energy, que actualmente opera la transmisión y distribución del sistema eléctrico, no se insista en contratar otro operador privado.

Lee también: Juez niega petición urgente del Gobierno contra LUMA y convoca vista para evaluar interdicto preliminar

Por el contrario, la organización exige que se regrese al modelo público y que sea una agencia de gobierno la que tome las riendas del sistema eléctrico.

“Sacar a LUMA es algo que todo el pueblo de Puerto Rico exige porque la experiencia ha sido nefasta en términos del servicio deficiente, los constantes apagones y las alzas insostenibles en el costo del servicio. El gobierno intenta, mediante las demandas radicadas, declarar nula la extensión del contrato que se hizo en 2022. Desde que el gobierno anunció el contrato de LUMA en 2021, hemos estado alertando que es un contrato nulo, pues es contrario al interés público. Sabíamos también que el contrato encarecería el servicio, pues el interés de estas empresas privadas es maximizar sus ganancias, no brindar un servicio de excelencia. Por esto es importante que se reconozca que no solo el contrato es nulo y va en contra del interés público, sino que la privatización del sistema eléctrico también es contraria al interés público”, planteó Ingrid Vila Biaggi, presidenta y cofundadora de CAMBIO.

Vila Biaggi indicó que, si en la transición que propone una de las dos demandas del gobierno le toca a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) asumir el control del sistema eléctrico, este sería el momento para lograr que se quede en manos públicas, bajo un modelo de gobernanza renovado con profesionales experimentados que conozcan el sistema eléctrico y que impulse la transformación hacia una infraestructura basada en energía renovable en techos y almacenamiento.

“El próximo paso, luego de la cancelación de los contratos de LUMA y Genera, no puede ser traer a otro privatizador. En Puerto Rico tenemos los trabajadores y profesionales capaces y comprometidos para establecer un sistema eléctrico público que responda a las necesidades del pueblo y a las exigencias del siglo XXI. Este nuevo modelo no solo es posible, sino necesario para asegurar una transformación del sistema que responda al bien común, que aproveche los recursos renovables que tenemos—particularmente el sol—y que potencie, para beneficio del país, las oportunidades de desarrollo económico asociadas al sector de energía. En Puerto Rico vivimos ya una experiencia similar con el servicio de acueductos y alcantarillados, donde el gobierno también tuvo que retomar el control público luego de dos privatizaciones fallidas. Este es el momento de tomar las decisiones correctas para beneficio del pueblo”, comentó la presidenta de CAMBIO.

Desde hace años, CAMBIO y la coalición Queremos Sol han propuesto un modelo de gobernanza pública distinto a la estructura que llevó a la quiebra a la pasada AEE.

Según se indicó en declaraciones escritas, el modelo propone una junta de gobierno con mayoría de miembros seleccionados por diversos sectores, incluyendo clientes residenciales, comunidades impactadas por la infraestructura eléctrica, trabajadores y miembros del sector privado.

“Este modelo de gobernanza contaría con estructuras de consulta y participación ciudadana que permitirían espacios de co-diseño desde las etapas de planificación, así como plataformas de acceso a datos del sistema e información pública. La nueva estructura también reforma el Negociado de Energía, entidad que ha fallado como regulador del sistema”, lee la comunicación.

Las entidades también han propuesto el uso de fondos federales disponibles para la instalación masiva de sistemas de energía solar en techos, priorizando comunidades vulnerables y de bajos ingresos. Un estudio de modelaje presentado por CAMBIO en 2021 calcula que Puerto Rico puede descentralizar el sistema eléctrico con sistemas de energía solar y baterías en techos. Esto hubiera permitido lograr 75% de energía renovable para 2035 y una tarifa estable de 15 centavos por kilovatio-hora (kWh).

“Es un asunto de decisión del gobierno. Si hay voluntad, se pueden lograr esas metas para beneficio del pueblo de Puerto Rico. Con LUMA, Genera o cualquier otro privado continuaremos en retroceso”, indicó Vila Biaggi.