Evacuan a la presidenta de Costa Rica de una gira de campo tras escucharse una explosión 

En la visita también participaban diputados de varios partidos y al menos uno de ellos fue atendido por una crisis nerviosa.

“Si se animaron a hacer una detonación hoy, imagínense como será un día ordinario para los policías y la comunidad”, declaró la presidenta Fernández.

El Gobierno impulsa en el Congreso un proyecto de ley para reactivar la minería de oro en Las Crucitas, una zona cerca de la frontera con Nicaragua que ha sido tomada por mineros ilegales en los últimos años y donde las autoridades policiales decomisan constantemente material y equipos utilizados para extraer oro de forma artesanal y dañina para el ambiente.

“Siempre les he tenido un gran respeto a los policías, pero después de ver las condiciones en que trabajan aquí, me quito el sombrero”, comentó Fernández, quien dijo terminar la gira “sumamente preocupada” y “sumamente dolida” por la “destrucción ambiental y ecológica”.

La presidenta instó a los diputados a aprobar el proyecto de ley para que una empresa explote el oro en la zona y se eviten los daños ambientales derivados de la minería ilegal, así como el despliegue policial que en la actualidad hay en la zona.

“Hacemos una inversión de un millón trescientos mil dólares al mes aquí en seguridad, es una inversión sostenida pero insuficiente. Tenemos 150 policías en estas ochocientas hectáreas, pero en ese terrero eso es una gota de agua en una plancha hirviendo”, declaró la jefa de Estado.

En la zona de Las Crucitas iba a operar una mina de oro a cielo abierto de la empresa canadiense Infinito Gold, pero tras una extensa batalla legal la compañía no pudo comenzar a construir la mina y el sitio fue aprovechado por mineros artesanales que utilizan técnicas contaminantes que usan mercurio y el cianuro.

En el 2010 el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Costa Rica declaró como nulas las resoluciones del Ministerio de Ambiente y Energía y de la Secretaría Técnica Ambiental con las que se otorgó la viabilidad ambiental y la concesión minera, así como aprobaciones para modificar el proyecto y el uso del suelo.