Estrecho acceso a la vivienda en Puerto Rico gira la mirada a alternativa no tradicional 

El acceso a una vivienda propia en Puerto Rico es un reto cada vez más complicado, particularmente para jóvenes y familias trabajadoras, en medio de un mercado con altos costos, escasa construcción y limitadas opciones de alquiler a largo plazo.

En la isla, una vivienda se considera asequible cuando no supera el 30 % de los ingresos familiares, con precios estimados entre $90,000 y $150,000. Sin embargo, el costo promedio de una propiedad ronda los $349,000; por encima de lo que puede costear gran parte de la población.

Este desfase ocurre en un contexto donde construir también se ha reducido dramáticamente: en 2024 apenas se levantaron unas 700 viviendas, frente a más de 4,300 en 2011, según datos divulgados en 2025 por la Asociación de Constructores de Puerto Rico. A la par, un comprador promedio tendría que destinar hasta el 56 % de su ingreso mensual para adquirir una vivienda nueva, por encima del nivel recomendado. Así lo reflejan datos divulgados por la firma Estudios Técnicos.

Ante ese escenario, alternativas no tradicionales como las casas modulares —también conocidas como casas vagón— comienzan a posicionarse como opción para quienes quedan fuera del mercado tradicional.

“Las casas modulares, o casas vagón, se convierten en una oportunidad al contrastar este costo promedio, costando de entre $18,900 hasta $79,000”, explicó Kelvin García, corredor de bienes raíces y exvendedor de casas modulares en Puerto Rico.

“Como parte de los requisitos, la persona que desee obtener un vagón debe tener el título de propiedad del terreno donde lo vaya a anclar o, por otro lado, un arreglo legal para adquirir la casa”, explicó García.

Más allá del costo, estas estructuras también se promueven como alternativas en un país expuesto a desastres naturales, al ser más resistentes que construcciones tradicionales de madera o concreto. No obstante, requieren permisos y planos similares a una vivienda convencional.

Según el gerente de ventas de Vagón Puerto Rico LLC., Joel Rodríguez, las “trabas gubernamentales” dificultan la obtención del permiso de uso que otorga la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPe), necesario para conectar servicios esenciales como agua y electricidad.

“La OGPe otorga los permisos de construcción, pero hay dificultad para obtener los permisos de uso. Los solicitamos pero la aprobación final no está”, explicó Rodríguez.

García, por su parte, señaló que hay permisos “aguantados” en la OGPe porque “para el gobierno”, este tipo de unidades representa “algo nuevo que no conocen”. Ayer precisamente, el gobierno anunció una propuesta para reformar todo el sistema de permisos en Puerto Rico. La iniciativa gubernamental cuenta con el respaldo de la Asociación de Constructores de Puerto Rico, entre otras entidades del sector privado.

Sobre la opción de casas modulares, Rodríguez apuntó a que “facilitar esto es un ingreso para los municipios y un ingreso para las constructoras. Si la construcción está baja, y esta es la solución, yo creo que esto es algo para que la economía no se lacere. Esto es una manera para evitar una recesión nuevamente”.

“Siempre he dicho: ‘el día que el gobierno haga esto, el problema de vivienda se va a resolver’, porque las casas pueden comenzar a bajar, y ahí entonces, se estabiliza todo el mercado”, opinó.

Mientras tanto, también hay iniciativas legislativas desde los diferentes partidos políticos y propuestas de política pública —desde incentivos contributivos hasta la reutilización de propiedades abandonadas— que buscan atender la crisis, con énfasis en facilitar el acceso a vivienda para jóvenes. No obstante, expertos coinciden en que, sin atender los costos estructurales, la burocracia y la limitada oferta, el acceso a un techo seguro seguirá siendo uno de los principales retos sociales del país.