Espacios Abiertos advierte que Puerto Rico otorga $4.55 en beneficios contributivos por cada $1 que recauda 

Puerto Rico mantiene uno de los niveles más altos de gastos tributarios en el mundo en proporción a su economía, con beneficios que equivalen al 21% del Producto Interno Bruto (PIB), según el informe Sistema Contributivo de Puerto Rico (2010–2026): Evolución, impactos y contradicciones de la política tributaria, publicado en febrero de 2026 por la organización Espacios Abiertos.

El estudio sostiene que “al evaluar reformas contributivas, es fundamental considerar que estos gastos equivalen a $4.55 por cada $1 recaudado”, al tiempo que señala que el 67.2% de esos beneficios se concentra en incentivos corporativos bajo las Leyes 60, 73 y 135.

El informe plantea que esta estructura fiscal debe analizarse en un contexto de alta desigualdad. Puerto Rico registra un índice GINI de 0.545 y una tasa de pobreza de 41.6%, por lo que, advierte, “cualquier reforma debe considerar cómo se distribuye la carga contributiva”.

En ese sentido, el documento señala que “una reforma contributiva que no examine la progresividad real — no solo las tasas nominales — corre el riesgo de perpetuar una carga desproporcionada sobre la clase trabajadora y media”.

El análisis destaca que Puerto Rico ocupa el primer lugar a nivel global en gastos tributarios como proporción del PIB, con un 21%, cifra que supera ampliamente el promedio mundial.

Reforma contributiva 2026 y rechazo de la Junta

El informe también examina el Proyecto del Senado 912, presentado en enero de 2026, que proponía reducir tasas contributivas individuales y ampliar el umbral exento. La medida fue rechazada por la Junta de Supervisión Fiscal.

Según el análisis, la Junta determinó que el proyecto “no constituye una reforma contributiva integral, no es consistente con el Plan Fiscal ni con PROMESA, ya que no es fiscalmente neutral y podría generar una deficiencia presupuestaria”.

Ante ese escenario, la Asamblea Legislativa aprobó y la gobernadora firmó la Resolución Conjunta 6, que establece un “Cheque de Alivio Contributivo” de $554 millones como medida interina.

Espacios Abiertos recuerda que la reforma propuesta tendría un costo neto de $554 millones en el año fiscal 2025, creciendo hasta $725 millones para 2031 por ajustes inflacionarios.

Entre las fuentes de financiamiento identificadas figuraban:

• $300 millones anuales en reservas presupuestarias por reducción de gastos
• Eliminación de la exención del IVU a equipos solares
• Eliminación de la exención de arbitrios a vehículos eléctricos
• Retorno fiscal estimado por dinamismo económico

No obstante, el informe advierte que el esquema presentaba una brecha fiscal en los primeros años y dependía de proyecciones de recaudos y ahorros presupuestarios cuya sostenibilidad requeriría monitoreo riguroso.

El Crédito por Trabajo como pieza central

El estudio dedica un apartado al Crédito por Trabajo (EITC), que describe como una herramienta clave de política pública.

En el año contributivo 2024, 734,619 familias —equivalente al 57.2% de las declaraciones radicadas— reclamaron el crédito, con una distribución total de $1,450 millones y un promedio de $1,974 por hogar.

El informe sostiene que “este crédito es una herramienta central — no marginal — de la estrategia de desarrollo económico basada en el trabajo” y advierte que evaluarlo únicamente por su costo fiscal bruto ignora su impacto en movilidad económica y reducción de pobreza.

Tensiones estructurales pendientes

Espacios Abiertos concluye que la reforma de 2026 representa “el primer paso en la modernización gradual del sistema tributario”, pero no atiende “las tensiones estructurales más profundas — incluyendo la regresividad del IVU, la concentración de gastos fiscales en incentivos corporativos, y la ausencia de mecanismos robustos de evaluación de impacto distributivo”.

En un contexto de supervisión fiscal bajo PROMESA y ante riesgos como la posible pérdida de fondos federales de Medicaid en 2027, el informe sostiene que cualquier reforma permanente debe estar respaldada por fuentes de financiamiento estructuralmente sólidas y análisis basados en evidencia.