La controversia también abrió un nuevo frente en el Senado.
El presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, invitó públicamente a Domenech a declarar en la investigación legislativa autorizada mediante la Resolución del Senado 548 y planteó la posibilidad de conceder inmunidad a cualquier persona que aporte evidencia de corrupción.
Paralelamente, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente confirmó la designación de fiscales especiales independientes para investigar a los exfuncionarios de la Oficina de Gerencia de Permisos Norberto Almodóvar y Charlene Neuman.
El caso también provocó reacciones del sector privado.
La Asociación de Industriales de Puerto Rico advirtió que las pugnas públicas entre funcionarios podrían afectar la certeza jurídica y la confianza de inversionistas locales y extranjeros. La organización reclamó que los programas de incentivos económicos y las estrategias de desarrollo industrial no se conviertan en herramientas de disputas políticas.
Por su parte, el bufete Reichard & Escalera rechazó los señalamientos de La Fortaleza y defendió su participación en la representación legal de empresas acogidas a programas de incentivos contributivos, insistiendo en que sus gestiones se han realizado conforme a la ley y a los cánones éticos de la profesión.
La controversia incluso se trasladó a las redes sociales, donde familiares y allegados de Negrón Reichard comenzaron a difundir mensajes de respaldo bajo la etiqueta #EstamosConSeba. Algunas publicaciones incluyeron mensajes directos contra Domenech y llamados a respaldar al exsecretario mientras continúan las investigaciones.
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