En riesgo la salud de los puertorriqueños por posible recorte de 90% en fondos de Medicaid 

El informe “El costo de la incertidumbre: Medicaid en Puerto Rico y las brechas en financiamiento federal”, publicado por EA, proyecta que la aportación federal caería de aproximadamente $4,000 millones a menos de $500 millones, con el porcentaje federal de asistencia médica (FMAP) bajando del 76% al 55%. El golpe recaería sobre cerca de 1.3 millones de residentes que dependen de Medicaid y el Plan Vital, en su mayoría menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidades y pacientes con condiciones crónicas.

Angelica Marrero, subdirectora de Investigación de Espacios Abiertos y autora del estudio, describió a Medicaid como “la columna vertebral del sistema de salud en Puerto Rico” [...] y señaló que más de la mitad de los beneficiarios tiene menos de 20 años o más de 61.

Sin acción del Congreso, Puerto Rico tendría que aportar $4,849 millones locales —35.4% del Fondo General— para mantener la cobertura actual, lo que podría poner en riesgo la cobertura de entre 700,000 y un millón de personas. Una extensión del financiamiento actual ajustado por inflación reduciría el costo local a $1,396 millones (10.2% del Fondo General), aunque EA advierte que la brecha seguiría ampliándose porque el gasto crece más rápido que el ajuste federal. El tercer escenario, una paridad parcial con los estados al 83% del gasto estimado, limitaría el impacto a 6.6% del Fondo General.

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Precisamente esa paridad del 83% es parte del reclamo que ha llevado el gobierno de González Colón al Congreso, junto a un aumento anual del 5% en las asignaciones del programa. La gobernadora también encabeza desde febrero de 2026 un grupo de trabajo multisectorial creado por orden ejecutiva para atender el llamado “abismo fiscal” de Medicaid.

Espacios Abiertos exhorta al Congreso a eliminar el tope anual de financiamiento para Puerto Rico, aplicar la misma fórmula de pareo federal que usan los estados —hasta 83% sin límite anual— y, de aprobarse una extensión temporera, que sea de al menos cinco años y refleje el crecimiento real del gasto.

Ataveyra Medina Hernandez, portavoz de EA, señaló que “el problema no es únicamente la insuficiencia de fondos, sino la incertidumbre constante bajo la que opera este programa en Puerto Rico” [...] e indicó que la dependencia de extensiones temporeras impide la planificación a largo plazo.