Empresarios piden suspender la “crudita”, aplicar gas tax holiday y fijar precios del combustible 

El alza en los precios de los combustibles y su efecto directo sobre la inflación colocaron este martes sobre la mesa propuestas de intervención económica tanto desde el sector privado como desde el legislativo, con el impuesto conocido como “la crudita” en el centro del debate.

El presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), Ramón Barquín, urgió al gobierno estatal y federal a activar poderes extraordinarios bajo leyes vigentes para contener el impacto del encarecimiento energético, mientras en el Senado se radicó una resolución para investigar el arbitrio al petróleo y su efecto en el costo de vida.

Barquín planteó que Puerto Rico enfrenta una dislocación económica provocada por factores geopolíticos —como interrupciones en rutas clave del suministro energético global— que requieren respuestas inmediatas.

“Estamos ante una dislocación global extraordinaria que requiere respuestas extraordinarias, pero plenamente sustentadas en el estado de derecho”, sostuvo.

En ese contexto, el líder empresarial propuso una batería de medidas temporeras dirigidas a reducir el costo del combustible y amortiguar su impacto inflacionario:

• Suspensión de la contribución al petróleo (“crudita”) por 30, 60 o 90 días
• Implementación de un “gas tax holiday” a nivel estatal y coordinación federal
• Activación de controles de precios y márgenes en la cadena de distribución
• Revisión y posible aplicación del Reglamento de Precios de Combustibles
• Solicitud de flexibilización temporera de las leyes de cabotaje
• Uso de herramientas federales disponibles en escenarios de emergencia

Según Barquín, estas acciones pueden ejecutarse dentro del marco legal vigente, incluyendo la Ley 228 de 1942 (Ley Insular de Suministros) y la Ley 272-2000, que permiten al Estado intervenir en mercados de bienes esenciales en situaciones de emergencia.

El presidente del CUD también destacó que la intervención estatal en la estructura de costos del combustible cuenta con precedente judicial, al recordar que el Tribunal Supremo de Estados Unidos validó este tipo de acciones en el caso Department of Consumer Affairs v. Isla Petroleum (1988).

A su juicio, esto abre espacio para medidas como la absorción parcial de costos dentro de la cadena de distribución sin trasladarlos completamente al consumidor.

Además, subrayó que la activación plena de estas herramientas requiere una declaración formal de emergencia, lo que implicaría coordinación entre el gobierno de Puerto Rico y el federal.

La “crudita” entra al debate legislativo

En paralelo, el senador Wilmer Reyes Berríos radicó la Resolución del Senado 461 para investigar el arbitrio al petróleo y sus derivados, conocido como la “crudita”.

Actualmente, este arbitrio asciende a $15.50 por barril y representa un componente clave en el precio final del combustible, con efectos en cadena sobre múltiples sectores económicos.

“Es fundamental evaluar su impacto real sobre los consumidores y sobre la competitividad de nuestra economía”, expresó el legislador.

La medida busca examinar:

• El origen, evolución y funcionamiento del arbitrio
• Su rol en el financiamiento de infraestructura vial
• Su relación con la deuda pública y los planes fiscales
• Alternativas de política pública y posibles alivios al consumidor

De aprobarse, la Comisión de Hacienda del Senado deberá rendir un informe en un plazo de 120 días.

El encarecimiento del combustible tiene un efecto multiplicador en Puerto Rico, debido a la alta dependencia de importaciones y transporte terrestre, impactando precios de alimentos, materiales de construcción y costos operacionales en sectores clave.

Barquín advirtió que las pequeñas y medianas empresas —que representan cerca del 95% del tejido empresarial— tienen una capacidad limitada para absorber estos aumentos.

“Si no actuamos a tiempo, el impacto recaerá inevitablemente sobre el consumidor”, afirmó.