Empresarios avalan dirección del código de permisos, mientras anticipan oposición durante evaluación legislativa 

Diversos representantes del sector privado reaccionaron a la legislación presentada por la gobernadora Jenniffer González Colón para modificar el código de permisos, coincidiendo en que se trata de una propuesta ambiciosa que atiende problemas estructurales, aunque aún sujeta a evaluación y posibles ajustes en el proceso legislativo.

El director ejecutivo de VRM Companies, Rafael Rojo, indicó que, aunque no ha completado el análisis del documento, la propuesta consolida múltiples leyes en un solo marco y plantea un cambio significativo en la forma en que el gobierno maneja estos procesos.

“Lo que puedo decir es que es una propuesta ambiciosa y comprehensiva (…) que viene con una visión filosófica distinta, necesaria y, bajo mi perspectiva, ajustada a las necesidades de la gente en la isla”, expresó.

En ese contexto, destacó que el nuevo código busca resolver la fragmentación actual del sistema, donde múltiples instrumentos legales generan conflictos y retrasos en la otorgación de permisos.

“Hoy tenemos más de 45 instrumentos legales que a veces chocan entre sí (…) el Código ataca ese problema de raíz reorganizando cómo el gobierno se estructura internamente para emitir permisos”, añadió.

Sobre si la medida responde a lo que esperaba el sector, sostuvo que la dirección es correcta, particularmente en términos de agilizar procesos y reducir discrecionalidad.

“En términos generales, sí. La dirección es correcta y la filosofía acertada hacia las mejores prácticas de sociedades que han avanzado en proveerle a su gente el futuro que aspira mediante permisos más ágiles, menos discreción arbitraria, criterios objetivos y autocertificación con responsabilidad profesional”, indicó.

No obstante, advirtió que el éxito de la reforma dependerá de su implementación, especialmente en términos de recursos presupuestarios y capacidad tecnológica.

En medio del trámite legislativo, también se ha planteado la existencia de propuestas tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, presidido por Thomas Rivera Schatz, lo que ha abierto la discusión sobre posibles diferencias entre ambos cuerpos.

Sin embargo, para Rojo, la coexistencia de ambas iniciativas no representa un conflicto, sino una señal de consenso sobre la necesidad de reformar el sistema.

“Lejos de ser un problema, creo que es una señal de que hay consenso en el diagnóstico y urgencia en la solución (…) Los dos proyectos son complementarios, no contradictorios; ambos proyectos tienen valor”, expresó.

Por su parte, el presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), Ramón Barquín III, confirmó que el proyecto ahora entra en una etapa clave de análisis técnico y deliberación legislativa, tras haberse presentado sus lineamientos generales.

En ese contexto, explicó que el sector privado aún se encuentra evaluando el contenido completo de la medida, con miras a presentar sus recomendaciones durante el proceso de vistas públicas que inicia este lunes, 13 de abril.

“Ahora pasa al proceso de análisis completo, y para poder dar nuestras posiciones en ponencia en el proceso legislativo, que se enriquece de las vistas públicas, del debate y de la participación ciudadana”, expresó.

Barquín también señaló que, aunque existen varias propuestas sobre la mesa, lo ideal sería que el proceso legislativo permita reconciliarlas en un solo proyecto.

“Yo he dado mis recomendaciones y yo creo que debe reconciliarse en uno”, indicó.

Asimismo, planteó que la propuesta del Senado y la de la gobernadora parten de un diagnóstico común sobre los problemas del sistema actual de permisos. De hecho, detalló a Metro que recibió el proyecto del Senado dos días antes de su radicación para evaluación, por parte de Rivera Schatz.

“Ese proyecto del Senado descansa en las recomendaciones del comité (…) que recoge claramente lo que es el problema de trámites y permisos en Puerto Rico”, sostuvo.

En cuanto al proceso legislativo, anticipó que habrá debate, aunque entiende que el sector privado, en términos generales, favorece cambios que agilicen los trámites.

Añadió que las diferencias que surjan deben atenderse dentro del proceso deliberativo.“Cuando uno va a la minucia, va a haber elementos que uno va a resaltar (…) y para eso es que se da ese proceso donde se enriquece, se critica y se delibera”, indicó.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Comercio, Margaret Ramírez, avaló la medida, coincidiendo en que la propuesta representa un cambio estructural en el modelo de permisos de la isla.

“Esto no es un parche (…) esto es un nuevo modelo completo de planificación y permisos en Puerto Rico”, expresó.Ramírez explicó que el proyecto unifica en un solo documento la legislación relacionada a permisos y centraliza los procesos en una sola entidad, lo que, a su juicio, permitirá mayor eficiencia.

“Es decir, que ya no vamos a tener que esos proyectos vengan y se conviertan en ley. Ya en Puerto Rico no tendríamos casi 100 leyes disponiendo asuntos relacionados a permisos, sino que tendríamos en un solo documento, en un solo lugar, toda la legislación relacionada a permisos”, indicó.

Además, destacó que la medida surge de un proceso de trabajo prolongado que incluyó insumos del sector privado y modelos de otras jurisdicciones.

“Yo lo veo como un proyecto bien completo y algo bien holístico. Esto no se hizo de la noche a la mañana. Me consta que el Estado, a través del Departamento de Desarrollo Económico, a través de IDEA, incluso con la estrecha participación de la Junta de Supervisión Fiscal, por un poquito más de un año, estuvo trabajando en esto”, sostuvo.

No obstante, reconoció que el proceso legislativo podría generar cuestionamientos en un contexto donde la discusión pública será determinante para su aprobación.“Yo espero que el que vaya en contra de ella, pues se haya tomado el tiempo de leerla, analizarla y entenderla. Pero que sea un ejercicio a conciencia, que la opinión esté enmarcada en el conocimiento. Pero claro, sabemos que estamos en Puerto Rico; no estamos exentos de asuntos de politiquería ni de la queja en lugar de buscar soluciones”, concluyó Ramírez.

Mientras, el Concilio Empresarial de Turismo de Puerto Rico expresó su respaldo a la medida al entender que puede tener un impacto positivo en el desarrollo económico de la isla, particularmente al simplificar y agilizar los procesos de permisos.

En declaraciones escritas, la organización sostuvo que el nuevo código promueve un sistema más eficiente y predecible para la inversión.

“Esta iniciativa (…) promueve un sistema más ágil, uniforme y predecible, que facilita la inversión, impulsa la creación de empresas y fomenta la generación de empleos”, indicaron.

Asimismo, destacaron que la propuesta del Senado puede integrarse dentro del proceso legislativo como parte de un esfuerzo conjunto.