El régimen de excepción en El Salvador cumple cuatro años entre respaldo y denuncias de abusos 

El régimen de excepción, una medida impulsada por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, para combatir a las pandillas en El Salvador en una llamada “guerra” contra estas bandas, cumple este viernes 4 años de vigencia entre el respaldo por la reducción “histórica” de homicidios en el país, denuncias de violaciones a derechos humanos y muertes en cárceles.

Esta polémica medida fue aprobada el 27 de marzo de 2022 por la Asamblea Legislativa, dominada por el gobernante partido Nuevas Ideas (NI), como medida extraordinaria tras un fin de semana con más de 80 homicidios.

Esta crisis de asesinatos fue el resultado de la ruptura de un pacto entre el Gobierno de Bukele y las pandillas, según investigaciones del medio local El Faro.

Bukele, cuya respuesta a dicha ola de homicidios le granjeó su reelección inmediata a pasar la prohibición constitucional, y su gabinete de Seguridad aseguran que el régimen permitió combatir a las maras, liberar territorios del dominio de estas organizaciones y reducir significativamente los homicidios, considerado por años como uno de los más violentos del mundo.

Sin embargo, el país venía experimentando bajas sostenidas de los asesinatos desde 2016.

Muertes en cárceles y denuncias de violaciones

La abogada Ingrid Escobar, de la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH), denunció este viernes que en “este camino de régimen de excepción hemos tenidos una gran cantidad de violaciones a derechos humanos” y reveló que la organización ha registrado la muerte en diferentes cárceles del país de al menos 504 personas detenidas entre abril de 2022 a marzo de 2026.

Organizaciones humanitarias contabilizan al menos 6,889 denuncias de víctimas de violaciones de derechos humanos, con la detención arbitraria con el 98 % de los casos, siendo vinculados al 75 % de los atropellos los agentes de la Policía.

Samuel Ramírez, representante del Movimiento de Víctimas del Régimen, señaló en declaraciones a EFE que se cumplen “cuatro años de venir luchando para que se haga justicia y se liberen a los inocentes y no vemos ninguna respuesta, y lo que vemos del Gobierno es un silencio total, ataques y un régimen que elimina derechos humanos y garantías fundamentales”.

A pesar de haber combatido a las pandillas, según el Ejecutivo, el Congreso aprobó el jueves la prórroga 49 del régimen, durante el cual se habrían cometido violaciones a derechos humanos que “podrían constituir crímenes de lesa humanidad”, según juristas internacionales, bajo la justificación de “la aún existencia de grupos terroristas” que “de no erradicarse por completo su accionar permitiría un retroceso a los logros obtenidos”.

Durante el régimen de excepción, el cual es respaldado por cerca de un 85 % de la población, han sido detenidas más de 91,650 personas señaladas de ser pandilleros o tener vínculos con estas bandas.

Llamado de Human Rights Watch

La organización Human Rights Watch (HRW) consideró este viernes que las autoridades de El Salvador deben “poner fin” al régimen de excepción, una medida contra las pandillas que cumple 4 años de vigencia entre denuncias de violaciones a derechos humanos y la aprobación de buena parte de la población.

HRW recordó, en un mensaje en X, que “han pasado cuatro años desde que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, declaró el estado de emergencia" y señaló que “desde entonces, las autoridades han detenido a más de 91,000 personas, incluidos niños".

La organización considera que “las autoridades deben poner fin al estado de emergencia y garantizar una revisión judicial rápida y juicios justos”.

En el contexto de este estado, organizaciones humanitarias contabilizan al menos 6,889 denuncias de víctimas de violaciones de derechos humanos, con la detención arbitraria en el 98 % de los casos, siendo vinculados al 75 % de los atropellos los agentes de la Policía, además de la muerte de al menos 500 personas bajo custodia de agentes del Estado.

Un informe divulgado recientemente señaló que, en el marco de este régimen, se habrían cometido violaciones a derechos humanos que “podrían constituir crímenes de lesa humanidad”.