La acusación federal, adelantada por CNN, imputa al exmandatario cubano, de 94 años, por conspiración para matar ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y asesinato, en relación con el ataque aéreo que dejó cuatro muertos, incluidos tres ciudadanos estadounidenses.
Según las autoridades estadounidenses, Castro —quien era ministro de Defensa de Cuba en ese momento— habría ordenado el ataque contra las aeronaves civiles de Hermanos al Rescate, abatidas por cazas cubanos el 24 de febrero de 1996. Washington sostiene históricamente que el derribo ocurrió en espacio aéreo internacional, mientras Cuba ha defendido que las avionetas violaron reiteradamente su espacio aéreo.
La noticia fue celebrada por congresistas republicanos cubanoestadounidenses, quienes habían anticipado durante la jornada que la medida representaría un acto de justicia histórica para las víctimas y para el pueblo cubano.
“Hoy es un día glorioso para los cubanos porque la ayuda ha llegado y porque Estados Unidos después de 67 años ha decidido tomar la iniciativa de hacer lo correcto”, afirmó la congresista María Elvira Salazar, quien calificó el anuncio como “un antes y un después” para la isla.
La legisladora sostuvo que el caso no solo busca justicia para Mario de la Peña, Pablo Morales, Carlos Costa y Armando Alejandre, fallecidos en el derribo de las avionetas, sino también para “un pueblo que lleva años esperando” acciones más contundentes de Washington contra el Gobierno cubano.
Por su parte, el congresista Mario Díaz-Balart afirmó que era “lamentable” que Castro fuese procesado únicamente por este episodio, al asegurar que el exgobernante cubano tendría que responder por “muchos más delitos”.
La acusación constituye uno de los movimientos más agresivos de Washington contra el liderazgo cubano en décadas y profundiza la ya deteriorada relación entre ambos países. La medida también ha sido comparada con la estrategia utilizada recientemente por Estados Unidos contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro, quien enfrenta procesos judiciales en territorio estadounidense.
Cuando comenzaron a surgir reportes sobre una posible acusación contra Castro la semana pasada, aumentaron las especulaciones y preocupaciones sobre la posibilidad de operaciones de presión más agresivas contra La Habana. Trump declaró en marzo que Cuba “va a caer muy pronto” y aseguró que podría hacer “lo que quisiera” con la isla.
El secretario de Estado, Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, también ha abogado públicamente por un cambio político en Cuba. Este miércoles volvió a dirigirse en español a los cubanos de la isla para pedirles que respalden una “nueva Cuba” y rechacen a las élites militares, a las que acusó de enriquecerse a costa de la población en medio de la grave crisis económica y humanitaria que atraviesa el país.
En paralelo, el director de la CIA, John Ratcliffe, realizó la semana pasada una visita a Cuba para reunirse con funcionarios del Gobierno cubano, aunque los detalles de esos encuentros no han sido divulgados oficialmente.
El caso reabre uno de los episodios más sensibles en la historia reciente de las relaciones entre Washington y La Habana. El derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate provocó en 1996 una fuerte condena internacional y derivó en el endurecimiento de las sanciones estadounidenses contra Cuba mediante la Ley Helms-Burton.
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