Educación no respalda aprobar medida para exigir mochilas transparentes en escuelas 

El Proyecto de la Cámara 1144, que propone obligar el uso de mochilas transparentes en las escuelas públicas del país como parte de una estrategia de seguridad escolar, generó posturas encontradas entre agencias del gobierno durante una vista pública de la Comisión de Asuntos de la Juventud de la Cámara de Representantes, presidida por el representante Ensol Rodríguez Torres.

La medida, titulada “Ley de Mochilas Transparentes para Escuelas Seguras de Puerto Rico”, busca establecer como política pública la utilización obligatoria de mochilas confeccionadas en material transparente por parte de todos los estudiantes del sistema público durante el horario escolar y actividades oficiales del plantel.

Según la exposición de motivos del proyecto, la iniciativa surgió en respuesta a incidentes de violencia y posesión de objetos peligrosos dentro de escuelas. Datos del Departamento de Educación divulgados por el Instituto de Estadísticas reflejaron que durante el año escolar 2022-2023 se reportaron 23 incidentes relacionados con armas, 67 vinculados a drogas y 351 clasificados como violencia escolar en el sistema público.

Ante la consideración legislativa, el Departamento de Educación (DE) expresó reservas sobre la aprobación del proyecto en su forma actual. En su análisis, la agencia sostuvo que la seguridad escolar es un objetivo legítimo, pero que la implantación del requisito requiere evaluar múltiples factores, incluyendo su efectividad, impacto económico y consecuencias sociales dentro de la comunidad escolar.

Además, el Departamento advirtió que el proyecto no especifica con claridad quién asumiría el costo de las mochilas transparentes, lo que podría representar una carga económica adicional para muchas familias.

“Si bien se reconoce la intención legítima de promover entornos escolares seguros, el Departamento entiende que la implementación de esta política pública requiere un análisis más amplio y detallado que permita atender adecuadamente sus implicaciones presupuestarias, sociales y operacionales”, dijo el memorial, firmado por el secretario Eliezer Ramos Parés.

Por esa razón, la agencia concluyó que no recomienda la aprobación del proyecto en su forma actual, y propuso convocar una mesa de trabajo con expertos y representantes del sistema educativo para analizar sus implicaciones antes de avanzar con la medida.

El Departamento también subrayó que cualquier política de este tipo debe garantizar la protección de la privacidad y dignidad de los estudiantes, así como armonizarse con las estrategias de seguridad escolar ya vigentes dentro del sistema público.

Por su parte, el Departamento de Justicia indicó en su que el objetivo de la medida es reforzar la seguridad en los planteles ante incidentes relacionados con armas de fuego, sustancias controladas, cigarrillos electrónicos y actos de violencia escolar.

“Mediante este esfuerzo legislativo, se aspira atajar y prevenir estos y otros incidentes dentro de los planteles escolares, al instaurar como política pública del Gobierno de Puerto Rico (…) la protección de la vida, integridad física y emocional de los estudiantes, promover la sana convivencia escolar y prevenir la introducción de armas blancas, armas de fuego, cigarrillos electrónicos, sustancias controladas y otros objetos peligrosos dentro de los planteles escolares’”.

El análisis de Justicia concluyó que no se identificaron impedimentos legales que impidan la aprobación del proyecto, al considerar que la medida se enmarca dentro de la facultad del Estado para promover el bienestar y seguridad de los menores.

Sin embargo, la agencia advirtió que la política pública podría plantear interrogantes sobre derechos constitucionales de los estudiantes, como la intimidad y la libertad de expresión dentro del entorno escolar, por lo que recomendó evaluar alternativas menos intrusivas antes de implantar el requisito de forma generalizada.

Entre las recomendaciones incluidas en el memorial, se sugirió considerar un proyecto piloto o permitir pequeños compartimentos opacos para artículos personales o íntimos dentro de las mochilas transparentes. También se planteó evaluar el costo de estas mochilas y la posibilidad de que el Estado cubra, al menos parcialmente, su adquisición inicial para evitar barreras económicas para las familias.

Mientras, la Policía de Puerto Rico expresó respaldo a la iniciativa como herramienta preventiva para fortalecer la seguridad en los planteles escolares.

La Uniformada sostuvo que este tipo de medidas puede facilitar la detección de armas, sustancias controladas o dispositivos electrónicos prohibidos, reduciendo la probabilidad de incidentes violentos dentro de las escuelas.

“Cada arma o sustancia prohibida que no logra ingresar a un plantel escolar representa un incidente potencialmente evitado”, señaló la agencia.

No obstante, la Policía también indicó que la implantación de la política pública recaería principalmente en el Departamento de Educación, al ser la agencia con pericia técnica y administrativa sobre el sistema educativo.

El Proyecto de la Cámara 1144 continúa bajo evaluación en la Comisión de Asuntos de la Juventud, que recopila el insumo de agencias gubernamentales y expertos antes de determinar si la medida será enmendada o recomendada para aprobación.