El 76% de los participantes discrepa de que esta haya tenido efectos positivos sobre la creación de empleos y el 71% cuestiona su contribución a la creación de negocios.
“Estos resultados plantean interrogantes sobre la efectividad de las políticas económicas implementadas durante la última década. Aunque la reestructuración de la deuda pública y la estabilización de las finanzas gubernamentales constituyen objetivos importantes, estos no necesariamente se traducen en crecimiento económico, aumentos en la productividad o mejoras en el bienestar de la población”, dijo Julio César Hernández, actual presidente en funciones de la Asociación de Economistas de Puerto Rico y catedrático de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, en declaraciones escritas.
La evaluación de la Junta también resulta desfavorable en áreas relacionadas con el funcionamiento del Gobierno. El 71% de los economistas considera que la supervisión fiscal no ha contribuido a mejorar la eficiencia administrativa gubernamental, mientras que el 69% cuestiona su contribución a la reducción de la corrupción.
Asimismo, el 65% discrepa de que la Junta haya mejorado la administración del sistema contributivo y el 55% cuestiona sus efectos sobre la transparencia de las finanzas públicas.
De otra parte, el 63% de los participantes considera que la Junta no ha contribuido a mejorar la disponibilidad y calidad de las estadísticas producidas por la Junta de Planificación.
De igual forma, el 55% cuestiona su aportación a las estadísticas de empleo y desempleo y el 53% a las estadísticas del índice de precios. El 73% de los economistas encuestados considera que este balance no ha sido adecuado bajo la supervisión de la Junta, mientras que solamente el 2% expresa una evaluación favorable.
Asimismo, el 74% cuestiona la magnitud de la reducción en el gasto de la UPR.
No obstante, la encuesta también identifica áreas en las que las opiniones de los economistas están más divididas. El 44% considera que la supervisión de la Junta ha contribuido a evitar que los gastos gubernamentales excedan los ingresos, frente a un 32% que discrepa.
Asimismo, el 33% entiende que el proceso bajo la Ley PROMESA ha acercado a Puerto Rico a recuperar el acceso normal a los mercados de capital, mientras que el 45% expresa una opinión contraria.
En términos generales, el 60% de los economistas encuestados está en desacuerdo con que el desempeño de la Junta desde su creación en 2016 haya sido positivo. Además, el 63% cuestiona que su impacto general sobre el futuro económico de Puerto Rico haya sido favorable y el 71% considera que no ha creado las condiciones necesarias para reducir el riesgo de una nueva situación de insolvencia fiscal.
En cuanto a la continuidad de la Junta, el 57% está en desacuerdo con que deba permanecer operando hasta que Puerto Rico recupere acceso pleno a los mercados de capital, mientras que el 31% favorece esa posición.
“La disciplina fiscal no debe convertirse en un objetivo desvinculado del desarrollo económico. Su propósito debe ser establecer las condiciones necesarias para promover la inversión, fortalecer el capital humano, mejorar la infraestructura y ampliar la capacidad productiva de Puerto Rico. Los resultados de la encuesta sugieren que una proporción considerable de los economistas no identifica avances suficientes en estas dimensiones”, indicó Hernández.
La encuesta, contó con la participación de 51 economistas y se realizó entre el 19 de agosto y el 4 de octubre de 2026.
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