En declaraciones publicadas en sus redes sociales, Domenech sostuvo que la querella “descansa en una interpretación viciosa de la ley”, que convierte una norma pensada para evitar que un exfuncionario se aproveche de su cargo en un obstáculo para el derecho de toda persona a estar representada por el mejor abogado en la materia que enfrenta.
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“Esta querella no contiene alegación alguna en donde este servidor se está aprovechando de alguna manera del cargo que ejercí para obtener un beneficio, ni malversación de fondos públicos. La contratación de un proveedor de servicios que son pagados con los fondos de este servidor, no puede considerarse una infracción a la ley de ética”, sostuvo.
La OEG radicó la querella el 29 de octubre, al imputarle a Domenech una violación al artículo 4.6(c) de la Ley de Ética Gubernamental, que prohíbe a un exservidor público contratar, durante el año siguiente a su salida, con una persona privada sobre la que haya ejercido una acción oficial en el año anterior a dejar el puesto.
Según la querella, el 18 de agosto de 2025, como secretario de la Gobernación, Domenech firmó junto al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Orlando Rivera Berríos, la autorización para que la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) contratara a Parra por $125,000. Domenech renunció el 7 de agosto de 2026 y, tres días después, medios de prensa informaron que había contratado a la abogada para que lo representara en la investigación de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI).
El exfuncionario argumentó que no conoce un solo caso en que la OEG haya interpretado la ley de esa manera, y explicó que la Secretaría de la Gobernación revisa decenas de miles de transacciones al año, incluidas peticiones para contratar servicios profesionales en toda la Rama Ejecutiva.
“Bajo esta lectura, quien ocupe ese cargo y los que trabajen en dicha Oficina, quedarían impedidos de contratar a prácticamente cualquier abogado, médico, contable, o laboratorio, entre otros, con experiencia en Puerto Rico. Esa no es la ley que aprobó la Asamblea Legislativa”, planteó.
Domenech afirmó que respeta la función de la OEG y que contestará la querella ante ese foro, “donde demostraremos que no procede”. Advirtió, además, que “de ser necesario esta no sería la primera vez que haya que acudir a los tribunales cuando esta Oficina se excede de las facultades” que le otorga su ley.
“Estas serán mis únicas expresiones al respecto, pues no voy a litigar este caso en los medios”, concluyó.
La OEG solicita que se le impongan a Domenech las sanciones que dispone la ley y una multa civil de hasta tres veces el valor del beneficio económico recibido, si alguno. El exfuncionario tiene 20 días para contestar.
Ética también radicó una querella contra la exsubsecretaria de la Gobernación Itza García Rodríguez, a quien imputa haber intervenido para que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio contratara por $120,000 a Next Wave Solutions, LLC, compañía que administra su pareja, Luis Alberto Sánchez Andino.
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