Destapan fallas y posibles irregularidades en el manejo de multas en CESCO de Caguas 

Según la investigación, administradores, oficiales de oficina, oficinistas, educadores a conductores, funcionarios y auxiliares administrativos tenían permisos “extensos” en el sistema de información de conductores y vehículos, pese a ocupar puestos que no estaban autorizados para realizar ese tipo de modificaciones.

Los accesos permitían cambiar o eliminar multas y gestionar planes de pago, entre otras transacciones consideradas críticas.

El sistema DAVID+ permite, además, que los empleados con esos accesos cambien el estatus de las multas sin la aprobación de un supervisor o de la dirección del CESCO, situación que, según la OIG, aumenta el riesgo de errores e irregularidades que podrían no ser detectados.

A esas deficiencias se suma la ausencia de reportes o alertas automáticas que permitan identificar posibles irregularidades en tiempo real. DAVID+ tampoco dispone de una función para almacenar la evidencia digital que respalda las transacciones, por lo que documentos son conservados físicamente en sobres y cajas.

En una inspección de las instalaciones, investigadores encontraron documentos almacenados en pasillos, espacios comunes y otras áreas no autorizadas, sin mecanismos de seguridad para controlar el acceso. La dirección del CESCO tampoco pudo precisar cuándo se realizó el último inventario de documentos ni si se habían transferido expedientes al Archivo General en Carolina.

Otro hallazgo establece que la Directoría de Servicios al Conductor carece de reglamentos, normas o directrices formales que definan de manera uniforme los distintos estatus que pueden asignarse a las multas en DAVID+.

Entrevistas realizadas a empleados revelaron diferencias en la documentación utilizada para justificar multas clasificadas como “Pagadas”, “Canceladas”, “Invalidadas”, “Expiradas” y “No pagada”, entre otros estatus.

Para la OIG, esa falta de uniformidad impide determinar con certeza la actuación que corresponde bajo la Ley de Vehículos y Tránsito y afecta tanto la gestión administrativa como posibles investigaciones.

Los resultados forman parte del informe OIG-QI-27-002, que examinó el periodo del 1 de marzo de 2024 al 31 de diciembre de 2025.

La investigación comenzó luego de que la OIG recibiera información sobre posibles irregularidades relacionadas con cambios en el estatus de multas administrativas por empleados del CESCO de Caguas.

Ante los hallazgos, la OIG identificó posibles infracciones a la Ley de Contabilidad de Puerto Rico, la Ley de Vehículos y Tránsito, reglamentos del Departamento de Transportación y Obras Públicas y de la Administración de Servicios Generales, así como posibles violaciones al Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico.

Los asuntos fueron referidos a las autoridades con jurisdicción para que determinen si procede alguna acción.