Departamento de Justicia cierra investigación sobre estorbos públicos en 22 municipios 

El Departamento de Justicia de Puerto Rico concluyó el viernes una investigación sobre supuestas irregularidades en la privatización de procesos de declaración de estorbos públicos y expropiación forzosa en 22 municipios, y determinó que no procede la radicación de cargos criminales.

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“El Departamento de Justicia reafirma su compromiso con la sana administración pública, la transparencia gubernamental y el uso responsable de los recursos del Estado, y continuará colaborando con otras entidades fiscalizadoras en todo asunto que así lo amerite”, expresó la secretaria Lourdes Gómez Torres en declaraciones escritas.

La pesquisa fue realizada por la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor, y consolidó cuatro referidos surgidos de comunicaciones de legisladores, querellas ciudadanas y señalamientos del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, relacionados con contratos otorgados a entidades privadas para la gestión de estorbos públicos.

Como parte del proceso, Justicia evaluó evidencia documental y testifical, información provista por municipios, agencias gubernamentales, instituciones bancarias, terceros adquirentes y procesos judiciales civiles, además de realizar entrevistas y diligenciar órdenes de producción de documentos.

Tras el análisis jurídico, la agencia concluyó que, aunque surgieron controversias de naturaleza administrativa, contractual y civil, no se estableció evidencia suficiente para imputar conducta criminal a funcionarios públicos ni a las entidades privadas investigadas, conforme al estándar penal aplicable.

De la investigación surgió que la mayoría de los municipios cancelaron los contratos, adoptaron medidas correctivas y atendieron reclamaciones ciudadanas, mientras que las controversias principales continúan ante los tribunales en procesos civiles.

En cumplimiento con el deber constitucional del Ministerio Público y el principio de presunción de inocencia, el Departamento de Justicia recomendó el cierre y archivo de los referidos, sin perjuicio de otras acciones civiles, administrativas o fiscalizadoras que puedan ejercer las partes concernidas.