Defienden modelo actual judicial y cuestionan cambios propuestos en reforma legislativa 

La propuesta de reorganización del Poder Judicial contenida en el Proyecto del Senado 1096 no ha logrado consenso entre sectores jurídicos, donde predominan posturas en contra o de cautela frente a los cambios estructurales planteados.

La medida, radicada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, busca sustituir la Ley de la Judicatura de 2003 e introducir cambios como la eliminación de los jueces municipales, un modelo de coadministración en el Tribunal Supremo y la creación de un patronato para allegar fondos al sistema judicial.

Desde la Rama Judicial, la postura fue abiertamente crítica. El director administrativo de los tribunales, Sigfrido Steidel Figueroa, advirtió que el proyecto propone cambios que no se ajustan al diseño constitucional vigente. En ese sentido, planteó que la Constitución de Puerto Rico no contempla el concepto de “coadministración judicial”, uno de los ejes centrales de la medida, por lo que su aplicación carecería de base constitucional clara.

Asimismo, sostuvo que, más allá de una reorganización administrativa, la medida altera la distribución de poderes dentro del sistema judicial.

“Conviene comenzar por una observación básica. La Constitución de Puerto Rico no menciona el concepto de coadministración judicial (...) Lo que hace, en la práctica, es transferirle atribuciones propias de la dirección administrativa del Poder Judicial”, dijo.

Este defendió el modelo actual, señalando que ha demostrado ser funcional en la administración diaria de la justicia. A su juicio, la creación de nuevas estructuras y la redistribución de funciones podría generar efectos adversos en la operación del sistema.

“El modelo vigente ha permitido responder con agilidad y eficacia a circunstancias extraordinarias (...) “La creación de estructuras paralelas puede provocar superposición de funciones y dificultar la implantación uniforme de políticas administrativas”, afirmó.

En esa misma línea, alertó sobre el impacto de eliminar la figura de los jueces municipales, al destacar su rol en atender asuntos urgentes y de acceso inmediato a la justicia.

Por su parte, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico adoptó una postura de cautela, sin endosar la medida, y enfatizó la necesidad de un análisis más amplio antes de avanzar con la reforma.

“La magnitud de la reforma propuesta exige, por imperativo democrático, un proceso de discusión amplia, robusta y participativa”, planteó la presidenta del Colegio, Vivian Godineaux Villaronga.

Advirtió que el proyecto trata de una transformación que va más allá de ajustes administrativos y que impacta directamente la estructura del sistema de justicia.

“No se trata meramente de un ajuste administrativo, sino de una reconfiguración de los pilares que sostienen el acceso a la justicia y la independencia judicial en Puerto Rico”, sostuvo.

Asimismo, señaló que avanzar sin ese proceso podría tener consecuencias en la confianza pública.

“Ignorar la pluralidad de voces en un proyecto de tal envergadura pondría en riesgo la estabilidad del sistema de derecho y la confianza ciudadana en sus instituciones”, añadió.

Otras posturas más “neutrales”

A diferencia de otras voces, el presidente de la Puerto Rico Lawyers Association (PRLA), Ramón Rosario Cortés, optó por una postura neutral, al no entrar en los méritos sustantivos del proyecto.

Rosario Cortés explicó que, como política institucional, la entidad evita fijar posiciones sobre legislación que no impacte directamente a sus miembros.

“Desde su fundación, la PRLA adoptó una postura institucional de no comentar en nombre de nuestros miembros sobre proyectos de ley o medidas ejecutivas”, indicó.

“No obstante, sostuvo que corresponde a la Asamblea Legislativa evaluar el alcance constitucional de la medida.

“La Asociación de Abogados entiende que son los funcionarios electos democráticamente… quienes deben considerar los contornos constitucionales del funcionamiento de nuestro sistema de justicia”, añadió.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Empleados Judiciales, Anuicar Gerena Roilán, presentó la postura más favorable al proyecto entre los deponentes, al enmarcar la medida como un esfuerzo necesario de actualización del sistema judicial.

Gerena Roilán planteó que, tras más de dos décadas de vigencia de la ley actual, resulta razonable revisar su funcionamiento.

“Luego de más de dos décadas de vigencia, resulta prudente evaluar su funcionamiento práctico y considerar ajustes que permitan fortalecer la administración de justicia”, expresó.

Asimismo, afirmó que la medida busca “modernizar” la estructura del Poder Judicial, por lo que la considera un paso necesario hacia su actualización.

¿Qué propone el Proyecto del Senado 1096?

El Proyecto del Senado 1096 propone una reorganización amplia del Poder Judicial mediante la creación de una nueva “Ley del Poder Judicial de Puerto Rico”, que sustituiría la actual Ley de la Judicatura de 2003.

La medida plantea cambios estructurales en la administración de los tribunales, entre ellos la eliminación de la categoría de juez municipal, para que todos pasen a ser jueces superiores, y la formalización de un modelo de coadministración entre el Tribunal Supremo y su Juez Presidente.

Además, crea un Patronato del Poder Judicial con la facultad de recibir donativos y administrar fondos destinados a la conservación y funcionamiento del sistema judicial, así como un fideicomiso adscrito a esta entidad.

El proyecto también incluye enmiendas a leyes relacionadas, como el Código de Rentas Internas, para establecer incentivos contributivos por donativos al Patronato, la Ley Notarial y disposiciones sobre el Negociado de Traducciones.