Crean cementerio de la corrupción en Río Piedras 

Un cementerio de la corrupción fue plantado en la zona de la 65 de Infantería como parte de la campaña electoral rumbo a las elecciones del próximo martes, 5 de noviembre.

Según se reportó a través de declaraciones escritas, esto fue parte de la campaña de la candidata a la representante del precinto 3 de San Juan, Eva Prados del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

“Esta manifestación creativa, exhibe las fotografías de figuras de ambos partidos, Partido Nuevo Progresista (PNP) y Partido Popular Democrático (PPD), que han sido señaladas o procesadas por corrupción, simboliza un llamado urgente a la acción y la reflexión sobre el impacto devastador de estos crímenes en las comunidades. A pocos días de las elecciones generales, estos carteles son una manera de recordarle a la ciudadanía que está en nuestras manos evitar que esto vuelva a ocurrir votando por el cambio y dejando atrás la vieja política que tanto daño nos ha hecho”, expresó Prados.

“La corrupción nos quita los recursos que deberían estar destinados a mejorar nuestra calidad de vida. Queremos un gobierno que rinda cuentas y que no continúe permitiendo que el dinero del pueblo sea saqueado sin consecuencias”, precisó.

Dentro de las fotos de los convictos por corrupción está Julia Keleher, exsecretaria del Departamento de Educación bajo el gobierno de Ricardo Roselló; Nelson Del Valle, exrepresentante del PNP; Néstor Alonso, exrepresentante del PNP; Félix “El Cano” Delgado, exalcalde de Cataño por el PNP; Ángel Pérez, exalcalde de Guaynabo por el PNP; Eduardo Cintrón, exalcalde de Guayama por el PPD; José Guillermo “Guillito” Rodríguez, exalcalde de Mayagüez por el PPD; José Luis Cruz, exalcalde de Trujillo Alto por el PPD; Jorge De Castro Font, exrepresentantes por el PNP; Jaime Perelló, expresidente de la Cámara de Representantes por el PPD y Milagros “Tata” Charbonier, exrepresentante por el PNP.

Según la Oficina de la Contralora, más del 10% del fondo general, equivalente a unos 1,240 millones de dólares anuales, se pierde debido a la corrupción en Puerto Rico. Ante esta realidad, Prados reitera su compromiso de trabajar por un gobierno responsable y accesible.

“Si los residentes del precinto 3, desde San Martín, Montecarlo hasta Villa Andalucía, Venus Gardens, Country Club, Villa Prades, desde Monte Hatillo hasta Ramos Antonini no quieren más corrupción tienen que este 5 de noviembre salir a votar contra la corrupción votando por el cambio que representa la Alianza y esta servidora”, insistió.

Con esta manifestación Prados Rodríguez aseguró que busca visibilizar que hay alternativas para evitar este terrible mal con sus propuestas anticorrupción que incluyen varias medidas concretas para garantizar mayor transparencia en la gestión pública. Propone, entre otras iniciativas, la creación de una plataforma centralizada, bajo la Oficina del Contralor, que publique la nómina, los puestos de confianza y los contratos de todas las agencias, municipios y corporaciones públicas, haciendo que esta información esté disponible y accesible para la ciudadanía.

En el 2020 Prados Rodríguez demandó al entonces presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz para que se hicieran públicos los sueldos de los empleados del Senado. La sentencia a favor de Prados destapó los altos salarios de algunos en la Legislatura de Puerto Rico.

“Un sistema de transparencia sólido es crucial para erradicar la corrupción. En muchos estados de Estados Unidos, como en Maine, ya existe un modelo de acceso público a esta información. Puerto Rico necesita un sistema similar, que permita a la ciudadanía y a los medios de comunicación monitorear cómo se utilizan nuestros fondos públicos”, afirmó Prados.

Además, Prados propuso la creación de Salas Judiciales y Unidades Investigativas Especializadas en contra de la corrupción, con la formación de jueces, policías y fiscales capacitados en crímenes económicos. También sugiere establecer una Unidad Especializada Anti-Corrupción dentro del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) y el Departamento de Seguridad Pública para recibir y procesar las querellas de corrupción.

Prados Rodríguez enfatizó la necesidad de proteger a los delatores (whistleblowers), asegurando que aquellos que se atrevan a denunciar actos ilícitos dentro del gobierno puedan hacerlo sin temor a represalias.

“Las personas que exponen estos esquemas corruptos son clave en la lucha por la justicia. Necesitan protección, canales confidenciales y la libertad de acudir a los medios si las agencias no responden de forma oportuna”, añadió.