Contralora revela pagos por obras deficientes y ayudas mal aprobadas en R3 S 

La contralora de Puerto Rico, Carmen Vega Fournier, reveló el miércoles que una auditoría al Departamento de la Vivienda identificó ayudas mal aprobadas, pagos por obras deficientes y una casa reconstruida con fondos públicos que terminó en manos de un banco.

“La administración de fondos públicos, particularmente aquellos dirigidos a atender necesidades críticas como la vivienda, exige el más alto nivel de diligencia, transparencia y cumplimiento”, dijo Vega Fournier en declaraciones escritas.

El Informe de Auditoría OC-26-23 cubrió el período del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2023 y evaluó operaciones del Programa de Asistencia en Reparación, Reconstrucción o Reubicación del Departamento de la Vivienda.

Vega Fournier indicó que el informe emitió una opinión cualificada, al concluir que las operaciones cumplieron en aspectos significativos con la ley y reglamentación aplicable, excepto por 3 hallazgos vinculados a la administración del programa.

Uno de los señalamientos establece que el programa desembolsó 253,139 dólares para reconstruir una vivienda que nunca fue habitada por el beneficiario, debido a que fue adquirida por un banco mediante un proceso de embargo antes de la inspección final.

De acuerdo con el informe, el costo final de reconstrucción de esa propiedad ascendió a 280,239 dólares. El banco la adquirió en subasta por 82,800 dólares y luego la vendió por 89,000 dólares.

La auditoría concluyó que esa situación provocó que fondos públicos beneficiaran intereses privados, debido a que las guías del programa no requerían verificar el estatus de pagos hipotecarios en propiedades sujetas a hipoteca.

Otro hallazgo identificó ayudas aprobadas a solicitantes que no proveyeron documentos requeridos o que no cumplían con criterios de elegibilidad. La muestra examinada incluyó 868 solicitudes en las modalidades de reparación, reconstrucción y reubicación.

Entre los casos señalados, la Contralora identificó un vale de reubicación de 185,000 dólares otorgado a un solicitante que excedía por 10,288 dólares el límite de ingresos permitido. La propiedad adquirida costó 162,000 dólares.

El informe también señala que, en 324 residencias visitadas para verificar reparaciones, se aprobaron órdenes de trabajo por 18,082,005 dólares y se detectaron pagos por trabajos no realizados o ejecutados con deficiencias.

Entre las fallas documentadas figuran filtraciones en techos, problemas con calentadores de agua, losas resbalosas, duchas mal construidas, instalación deficiente de ventanas y trabajos eléctricos no completados.

En residencias reconstruidas, la auditoría también observó problemas en ventanas, puertas, techos, paredes, pozos sépticos, electricidad, plomería, terrenos, verjas, muros de contención y duchas.

Vega Fournier sostuvo que los hallazgos evidencian áreas que deben atenderse con urgencia para garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan y que las obras cumplan con estándares de calidad y legalidad.

El informe recomendó revisar las guías del programa para requerir certificaciones bancarias en propiedades hipotecadas, fortalecer la evaluación de elegibilidad, mejorar la supervisión de gerentes de programas y construcción, y recuperar fondos cuando corresponda.