Contralora recomienda recuperar más de medio millón de dólares pagados por la CFSE
La CFSE sostuvo que la compra de equipo médico constituía un servicio directo a los trabajadores lesionados y que el reglamento permitía una interpretación amplia. El señalamiento prevaleció porque, según la Oficina de la Contralora, los gastos correspondían a operaciones administrativas y no a servicios médico-hospitalarios excepcionales.
Parte de los acuerdos tampoco contenía las certificaciones necesarias para comprobar si los proveedores tenían deudas con el Departamento de Hacienda, el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos o la Administración para el Sustento de Menores.
Separadamente, la corporación pagó 23,723 dólares por certificados de salud y servicios médicos de transportación sin formalizar contratos escritos que establecieran las obligaciones de las partes.
Deficiencias en el manejo presupuestario provocaron además que la CFSE recurriera a 28 acuerdos de pago por 1.7 millones de dólares para cubrir servicios del Área Médica entre mayo de 2019 y noviembre de 2023.
Según la auditoría, algunos contratos agotaron sus fondos antes de vencer, mientras que en otros casos los servicios continuaron durante la tramitación de enmiendas contractuales.
La gerencia planteó que debía garantizar la continuidad del tratamiento a los trabajadores lesionados. Contraloría respondió que esa obligación no eximía a la corporación de vigilar los balances disponibles y administrar adecuadamente sus contratos.
Auditores encontraron también 69 facturas por 98,774 dólares pagadas sin la certificación de ausencia de interés exigida por el Código Anticorrupción.
La CFSE no pudo entregar otras 98 facturas por 112,927 dólares, por lo que no fue posible verificar completamente la legitimidad de esos pagos. La administración atribuyó la falta de parte de los documentos al impacto del huracán María y a cambios en sus sistemas operacionales.
Además del recobro del dinero, la Oficina de la Contralora recomendó fortalecer la supervisión contractual, establecer controles sobre los fondos destinados a servicios médicos y mejorar la conservación y revisión de los documentos fiscales.
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