Constructores rechazan medida de “hogares verdes” 

La propuesta legislativa para crear un permiso especial de construcción de “hogares verdes”, dirigida a facilitar viviendas en suelo rústico común, encontró cuestionamientos sustanciales durante su evaluación, con críticas tanto del sector privado como de agencias gubernamentales que advierten sobre su implementación.

Se trata de el Proyecto de la Cámara 1113, que busca permitir la lotificación de hasta siete solares para residencias unifamiliares con requisitos específicos de sostenibilidad, como energía solar, sistemas sépticos independientes y acceso a agua mediante pozo o acueducto privado, como alternativa para atender el problema de vivienda asequible en la isla.

La Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR), sin embargo, sostuvo que aunque la intención de atender la crisis de vivienda es válida, la medida impone restricciones que encarecen los proyectos y limitan su impacto.

“(...) Según está redactado y formulado el proyecto, no podemos endosarlo. Sin embargo, reconocemos la intención positiva de liberalizar o flexibilizar la calificación del suelo rústico común. Por lo tanto, recomendamos cambios sustanciales para que la medida no se convierta en otro intento del gobierno de diseñar desde arriba lo que debe producir el mercado. (...) Para poder hacer esta legislación una efectiva y adecuada, debe reformularse”, expresó la presidenta de la organización en su ponencia, Pinsy Rivera.

Entre las preocupaciones destacadas, el gremio argumentó que al establecer parámetros como un máximo de siete solares, tamaños mínimos de 700 metros cuadrados y limitar la construcción a viviendas unifamiliares de dos plantas, la legislación reduce la densidad y eleva el costo por unidad.

Además, advirtieron que el modelo propuesto impone una visión específica del tipo de vivienda que debe construirse, como una aislada y autosuficiente, en lugar de permitir que el mercado responda a la demanda.

“Si la intención legislativa es reducir el costo de vivienda nueva, no resulta razonable imponer lotes grandes ni limitar los proyectos a una escala tan pequeña (...) La legislación tiene el efecto de imponer una visión específica de vivienda ‘correcta’, cuando lo que Puerto Rico necesita es permitir que el mercado produzca distintas tipologías”, denunció Rivera.

De forma similar, la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) adoptó una postura cautelosa, al reconocer la importancia de promover vivienda sostenible, pero advirtiendo sobre posibles conflictos con el marco regulatorio existente.

La agencia explicó que actualmente ya existen mecanismos dentro del Reglamento Conjunto que permiten evaluar proyectos en suelo rústico común, incluyendo procesos para variaciones mediante consultas de ubicación, lo que podría hacer redundante la nueva figura propuesta.

“En la actualidad, cuando un solicitante presenta una propuesta de segregación o lotificación, se evalúa si esta cumple con los parámetros establecidos para el distrito correspondiente. En aquellos casos en que la propuesta no cumpla con los parámetros aplicables, el solicitante puede presentar una consulta de ubicación (...) tomando en consideración diversos factores, tales como la infraestructura disponible, la accesibilidad del predio, el impacto en el entorno y la intensidad de la variación propuesta”, detalló la ponencia firmada por el secretario auxiliar, Norberto Almodóvar.

También señaló que el proyecto podría crear dificultades prácticas, como exigir certificaciones registrales en un sistema donde la inscripción es voluntaria, y planteó dudas sobre si el nuevo permiso duplicaría disposiciones existentes como el llamado “Permiso Verde”.

Por su parte, la Junta de Planificación (JP) fue más contundente al advertir sobre implicaciones estructurales en el ordenamiento territorial. La entidad señaló que la flexibilización en suelo rústico podría generar tensiones entre desarrollo y conservación.

“Permite desarrollos residenciales en áreas tradicionalmente protegidas, lo que plantea tensiones entre la conservación ambiental y la necesidad de vivienda (...) Este tipo de flexibilización puede propiciar patrones de desarrollo disperso, comúnmente conocidos como ‘urban sprawl”, destacaron.

Asimismo, advirtieron sobre posibles efectos acumulativos en recursos naturales, y la limitación de herramientas técnicas en la evaluación de proyectos.

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