Colombia vota para elegir al presidente que sucederá a Gustavo Petro 

Las urnas, que comenzaron a recibir votos a las 8:00 hora local (13:00 GMT), permanecerán abiertas ocho horas, hasta las 16:00 hora local (21:00 GMT), y una vez cierren iniciará el conteo preliminar para saber quien será el presidente de Colombia para el periodo 2026-2030.

En el acto protocolario de apertura de las elecciones, celebrado en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, estuvieron el presidente colombiano, Gustavo Petro; el registrador nacional (entidad que organiza las elecciones), Hernán Penagos; el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y otras autoridades.

Petro, por su parte, pidió a los colombianos “salir a votar como sea, venciendo todo obstáculo, dificultad geográfica o logística”, e insinuó que el resultado que acatará será el del escrutinio que hagan los jueces de la república, y no el conteo preliminar de las elecciones.

“A los jueces obedeceré como dice la ley y la Constitución. Todo lo que sea antes de la decisión de los jueces vale como información, pero lo que vincula es el juez”, expresó el mandatario.

Las encuestas de intención de voto dan en primer lugar al abogado De la Espriella, fundador del movimiento Defensores de la Patria, que fue el más votado en la primera vuelta y tiene el apoyo del presidente estadounidense, Donald Trump, por delante de Cepeda, senador del partido Pacto Histórico, el mismo de Petro.

Para estas elecciones están habilitados para votar 41,4 millones de colombianos en 122.016 mesas distribuidas en 13.742 puestos de votación en todo el país.

En la primera vuelta, el pasado 31 de mayo, que tuvo una participación del 57,88 %, De la Espriella, llamado ‘el Tigre’ por sus seguidores, obtuvo 10,3 millones de votos (43,78 %), mientras que Cepeda recibió 9,7 millones (40,98 %).

El Ministerio de Defensa movilizó a 408.000 miembros de las Fuerzas Militares y de Policía para garantizar la seguridad de las elecciones y evitar la interferencia de grupos armados ilegales, principalmente en algunas zonas rurales en las que hay denuncias de amenazas a los votantes y a la población civil en general.