Colegio de Médicos advierte que ley de nasciturus amenaza la salud pública y fiscal
Médicos y líderes de organizaciones de la salud advirtieron hoy sobre los efectos negativos que provocará en el sistema de salud la ley del “nasciturus” (Ley 183 de 2025), que decreta la condición de personalidad natural para todo óvulo fecundado que esté en el vientre materno.
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El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos (CMC), presidido por el doctor Carlos Díaz Vélez, junto con representantes de laboratorios clínicos, ginecólogos, pediatras, endocrinólogos y aseguradoras de impericia médica, planteó que la ley aprobada “a toda prisa” no tomó en cuenta las repercusiones que tendrá en la práctica de la medicina ni las nuevas obligaciones que el gobierno contrae e impone a los profesionales de la salud con vigencia inmediata.
La ginecóloga obstetra Yari Vale Moreno criticó que las obligaciones impuestas de orden médico-legal complicarán la prestación de servicios a la persona natural del óvulo fecundado en el vientre materno y a la persona natural gestante, pues se trata de al menos dos pacientes donde antes había uno solo.
Con ello, se amplía el costo de las visitas y hace indispensable que se hagan pruebas de embarazo a toda mujer en edad reproductiva que va a consulta médica para documentar el tratamiento que puede afectar a la nueva persona natural.
Según el cardiólogo, aumentará exponencialmente el número de pruebas de embarazo en laboratorios, pues ante la legislación, no “valen” las pruebas caseras.
“No se tomaron en cuenta los conflictos médico-legales que pueden surgir a la hora de elegir tratamiento y balancearlos, así como a la hora de recetar. Tampoco se consideró que, tal y como quedó aprobada esta ley, convertirá a los tribunales y a los jueces en interventores continuos de los procedimientos médicos cada vez que haya una desavenencia entre la gestante, el padre biológico y hasta el Estado”, denunció el presidente del Colegio.
Si bien la nueva ley aclara que no se interfiere con el derecho de la gestante a decidir que se le practique médicamente un aborto, el cuidado de la nueva persona natural durante la gestación generará otras obligaciones y responsabilidades de parte del Estado, de las instituciones hospitalarias y de los profesionales de la salud que podrían provocar una inflación en los costos de aseguramiento y en los litigios y sus costos.
Alrededor de 20,000 nuevas personas naturales en gestación cada año tendrán derecho a que se reclamen a su nombre pruebas sofisticadas para condiciones presentes y futuras, intervenciones quirúrgicas intrauterinas y prolongación de la vida hasta el último recurso.
“Siendo la salud mental tan importante en el desenvolvimiento del embarazo y del parto, y en el desarrollo del feto y su vida futura, tendrán que facilitarse a toda madre gestante al menos servicios de apoyo psicológico y de otro tipo a lo largo de su embarazo. Lo que a todas luces puede ser un adelanto significativo podría obligar a racionar servicios al resto de la población, bien porque se hagan más escasos los recursos de personal y tratamientos o porque sean impagables”.
Además, expusieron que la alta vulnerabilidad de la nueva persona natural del feto podría agravarse si los tratamientos se demoran a causa de la escasez de estos, la falta de profesionales o si se demoran en espera de que se resuelvan casos jurídicos o que se reduzca la exposición a riesgos médico-legales.
“Una epidemia de práctica defensiva de la medicina o de no querer practicar ciertos procedimientos puede retardar cualquier beneficio alcanzable”, señaló Díaz Vélez.
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