Coinciden en solidez de la demanda a LUMA mientras surge preocupación por transición a un nuevo operador 

La demanda presentada por el Gobierno de Puerto Rico para cancelar el contrato de LUMA Energy recibió respaldo de abogados expertos en energía, quienes coincidieron en que las alegaciones están “sólidamente fundamentadas” y abordan errores medulares en la extensión contractual firmada en 2022.

No obstante, advirtieron que, si el tribunal confirma la nulidad planteada por el gobierno, el país enfrentaría un vacío sobre cómo se manejará la transición y la selección de un nuevo operador, al no existir un marco contractual que rija ese proceso.

El abogado experto en energía y exlegislador Ramón Luis Nieves expresó preocupación sobre cómo se manejaría el proceso para seleccionar o contratar a un nuevo operador si el tribunal valida la nulidad del contrato.

“Si el contrato en efecto es nulo, pues el tema de cómo se va a hacer la transición a un nuevo operador, no estoy seguro que se va a regir necesariamente por lo que diga el contrato, porque si el contrato no existió”, concluyó.

Tras revisar la demanda con detenimiento, confirmó que la acción del gobierno descansa en un planteamiento de nulidad absoluta. Destacó que, según surge de las minutas de la reunión de la Junta de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (APP), los dos representantes del interés público advirtieron sobre los problemas legales antes de abstenerse de votar.

“Los dos fueron los que advirtieron sobre los problemas legales de aprobar esta extensión. Por esto, ellos se abstienen de votar. Según se alega la demanda, la ley requería que los representantes del interés público votaran a favor. Pero con todo y eso, la Junta siguió y aprobó esa extensión”, informó el abogado.

Nieves añadió que la extensión implicaba cambios sustantivos adversos al gobierno que, en su juicio, requerían aprobación legislativa y certificación del Negociado de Energía.

“Así que el mismo gobierno básicamente malogró todos esos pasos, lo cual es base para que se haga un argumento en nulidad”, afirmó.

Por su parte, el también abogado experto en energía Rolando Emmanuelli destacó que los argumentos del gobierno “van a la raíz del asunto”.

Además, expresó preocupación por la solicitud de información incluida en la demanda, al señalar que el recurso plantea entregar datos a “un nuevo operador”, pese a que hasta el momento no se ha divulgado quién o qué entidad asumiría la operación.

Detalló que el gobierno obtiene un fundamento sólido al especificar el establecimiento de una cláusula que otorgaba a LUMA la facultad unilateral de determinar la continuidad del contrato.

“Esto de que LUMA pueda decidir si el contrato continúa o no, viola el Código Civil, en términos de que los contratos no pueden estar sujetos a la voluntad de una sola de las partes”, expresó el abogado.

Asimismo, Emmanuelli advirtió que, si el tribunal determina que hubo nulidad, la extensión no genera derechos adquiridos para LUMA, aun cuando la empresa haya operado el sistema durante los pasados años.

“No hay nada que ellos puedan decir como ‘ahora tú me tienes que compensar’, porque el contrato es como si nunca existiera”, continuó.

Los argumentos legales del pleito descansan en la alegación de que la extensión firmada en 2022 es nula y, por ende, el acuerdo nunca debió mantenerse vigente. La controversia surgió mientras la gobernadora Jenniffer González defendía públicamente la acción al afirmar que ya “no había alternativa” ante los incumplimientos de la empresa.

En un mensaje transmitido por redes sociales, González argumentó que la administración decidió actuar luego de meses de fiscalización sostenida, reuniones con los ejecutivos del consorcio y un análisis jurídico que concluyó que la carta de extensión del 2022 se firmó en violación a múltiples requisitos legales.

En su mensaje señaló que, con la extensión, se “encadenó al pueblo de Puerto Rico un contrato perpetuo, sin métricas de desempeños exigibles y sin un mecanismo de rendición de cuenta para un servicio tan esencial como el de energía eléctrica”.

Expuso además que la extensión “otorgó a LUMA un control indefinido, sin términos de tiempo, sobre la operación del sistema”, eliminando la facultad resolutoria del gobierno y subordinando el interés público “a una sola voluntad del operador privado”.