¿Cobrar la deuda antes de decidirla? Pulso legal por posible cargo adelantado en la factura de luz 

El debate sobre cuánto costará la electricidad en Puerto Rico en los próximos años ya entró en una fase crítica, marcada por una pregunta que divide a todas las partes en el caso tarifario de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE): ¿puede comenzar a cobrarse una deuda antes de que se determine cuánto es y cómo se pagará?

La controversia ante el Negociado de Energía se centra en el llamado “Legacy Debt Rider” (LDR) o cargo heredado, un renglón de cobro que podría añadirse a la factura eléctrica para atender la deuda heredada de la corporación pública. Lo que está en discusión no es solo si ese cargo eventualmente debe existir, sino si puede comenzar a estructurarse —e incluso aparecer en la tarifa— antes de que el tribunal federal que maneja la quiebra bajo PROMESA defina su tratamiento final.

Los bonistas plantean que sí. Su argumento es que el Negociado de Energía puede establecer desde ahora un mecanismo, aunque sea provisional o sin monto definido, que permita encaminar el repago de la deuda. A su juicio, este “placeholder” no interfiere con el proceso de quiebra porque no fija cantidades ni altera prioridades, sino que prepara el terreno para cuando el tribunal emita su determinación.

Pero esa lectura choca con una oposición amplia.

Para la propia AEE, así como para el Comité de Acreedores No Asegurados y otros interventores, el planteamiento va en contra del orden lógico del proceso. Sostienen que no se puede diseñar un cargo para cobrar una deuda cuyo monto, prioridad y condiciones siguen siendo objeto de litigio en el tribunal bajo el Título III de PROMESA. Advirtieron en varias mociones que hacerlo ahora, no solo sería prematuro, sino que podría generar conflictos legales con PROMESA y el plan fiscal vigente.

En ese contexto, el debate también apunta a cómo se estructuran los cargos en la factura eléctrica.

Grupos como Solar United Neighbors (SUN) y la asociación local de energía solar (SESA) radicaron mociones con planteamientos contra los cargos fijos, un componente que podría utilizarse para recuperar costos como pensiones o deuda independientemente del consumo del cliente. Su argumento es que este tipo de cargos, si se elevan demasiado, cambian la naturaleza del sistema tarifario.

En lugar de pagar principalmente por lo que se consume, los abonados pasarían a asumir una mayor proporción de costos de manera uniforme. Esto, plantean, tiene implicaciones económicas y legales. Por un lado, puede afectar desproporcionadamente a los clientes de menor consumo —incluyendo hogares de bajos ingresos— porque reduce la capacidad de controlar la factura mediante ahorro energético. Por otro, puede desalentar la inversión en eficiencia y en sistemas de energía solar, al disminuir el beneficio económico de producir menos electricidad o generarla de forma independiente.

Incluso, advirtieron que ciertos diseños tarifarios podrían entrar en conflicto con la legislación vigente, particularmente si penalizan indirectamente a clientes bajo esquemas de medición neta.

El Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica (ICSE) añadió otra dimensión al debate: la integridad del proceso regulatorio. A su juicio, permitir cargos desvinculados de costos claramente definidos o diferir decisiones clave a procesos externos —como el tribunal de quiebra— distorsiona el modelo de fijación de tarifas, que debe basarse en evidencia completa y decisiones prospectivas.

Cargo por pensiones

Mientras tanto, otro frente de la disputa se libra en torno a las pensiones. La AEE y su sistema de retiro sostienen que estos pagos no son deuda heredada, sino gastos operacionales actuales que deben incluirse en la tarifa para garantizar la continuidad del sistema eléctrico.

Sobre este particular, el examinador del caso, Scott Hempling, estableció límites estrictos a los argumentos que pueden presentar las partes y fijó un calendario acelerado, en momentos en que el Negociado se acerca a la fecha límite para emitir su decisión.

El Negociado deberá emitir en las próximas semanas la nueva tarifa base de la electricidad en Puerto Rico. La semana pasada, notificó un aumento trimestral por el costo del combustible.