Lo que comenzó como una inversión con fondos públicos hoy es una disputa judicial de casi $100 millones.
La Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) presentó la semana pasada una demanda en cobro de dinero contra The Phoenix Fund LLC y PUC Holdings LLC, reclamando no menos de $99.5 millones por concepto de dos préstamos otorgados en 2019 y 2021 que, según alega, permanecen vencidos y sin pago.
El recurso fue radicado ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, y sostiene que la corporación pública desembolsó $80 millones en principal, más intereses al 7% anual y penalidades por mora.
El primer préstamo fue formalizado el 27 de diciembre de 2019 por $40 millones a favor de The Phoenix Fund. El acuerdo establecía una tasa de interés anual de 7%, con pagos trimestrales y un 1% adicional en caso de mora. Según la demanda, el fondo pagó intereses durante 2020, 2021, 2022 y los primeros tres trimestres de 2023, pero incumplió desde el cuarto trimestre de ese año.
Al 17 de febrero de 2026, la CFSE alega que la deuda asciende a no menos de $45.6 millones, desglosados en $40 millones en principal y $5.6 millones en intereses acumulados, que continúan devengándose.
Dos años después, en mayo de 2021, la corporación pública otorgó otros $40 millones, esta vez a PUC Holdings LLC, entidad vinculada al fondo. El contrato establecía términos similares: interés anual de 7%, pagos periódicos y cláusulas que permiten acelerar la totalidad de la deuda ante incumplimiento. En ese acuerdo, The Phoenix Fund figura además como garante corporativo.
Para el 17 de febrero de 2026, la CFSE sostiene que la deuda bajo este segundo préstamo asciende a no menos de $53.9 millones, que incluyen $40 millones en principal y $13.9 millones en intereses acumulados.
En conjunto, la corporación pública reclama no menos de $99.5 millones.
En el recurso judicial no se detalla colateral específico —como hipotecas o gravámenes sobre activos— que respalde el repago de los $80 millones en principal. La demanda sí describe pagarés, tasas de interés, penalidades por mora y cláusulas de aceleración, pero no expone garantías reales concretas asociadas a los préstamos.
La CFSE notificó formalmente los incumplimientos el 17 de junio de 2025 y requirió el pago total antes del 27 de ese mismo mes. Al no recibirse el dinero, activó las cláusulas contractuales que permiten declarar las obligaciones vencidas, líquidas y exigibles de inmediato, según alega en el recurso judicial. Además del capital e intereses acumulados, la corporación reclama honorarios de abogado, costas judiciales e intereses adicionales por alegada temeridad.
La reclamación ocurre en un contexto en que The Phoenix Fund ha sido objeto de escrutinio regulatorio y auditorías públicas en el pasado año. No obstante, el caso ante el tribunal se circunscribe a la alegación de incumplimiento contractual en los préstamos otorgados por la CFSE.
La controversia reabre el debate sobre los criterios de inversión y manejo de riesgo aplicables a fondos públicos. La CFSE administra recursos destinados al sistema de compensación laboral del país.
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