Cámara radica medida para requerir firma presencial en todo contrato sobre $500,000 con el gobierno 

El proyecto, que crea la ‘Ley para Garantizar la Autenticidad de las Firmas y la Debida Autorización Corporativa en la Contratación Gubernamental de Puerto Rico’, exige que la autenticidad de las firmas de las partes contratantes en todo contrato que otorgue una entidad gubernamental, cuya cuantía exceda los $500,000, sea juramentada ante notario público autorizado a ejercer en Puerto Rico.

Además, dispone que en todo contrato que se otorgue entre una entidad gubernamental y una persona jurídica, se deberá presentar una resolución corporativa que autorice a la persona natural firmante a representarle y obligarle en dicho contrato.

“Esta Asamblea Legislativa entiende que la mejor forma de prevenir estas controversias en la contratación gubernamental es establecer dos garantías mínimas y de sencilla implantación aplicables a todo contrato que otorgue el Gobierno de Puerto Rico”, elaboró el presidente cameral en declaraciones escritas.

Méndez explicó en la Exposición de Motivos que incumplir cualquiera de estos requisitos debe conllevar una consecuencia jurídica acorde con el riesgo que se pretende evitar. Según planteó, esto implicaría declarar nulo de forma absoluta el contrato, considerada la sanción más severa del ordenamiento civil, debido a que impediría que el acuerdo tenga efectos jurídicos y no permitiría su posterior convalidación.

“Estas controversias no sólo erosionan la confianza del pueblo en el manejo de los fondos públicos, sino que exponen al Gobierno de Puerto Rico a litigios prolongados, reclamaciones de pago sobre contratos viciados y la consecuente incertidumbre sobre la validez de compromisos que ascienden a millones de dólares del erario”, agregó.