“Bruta y mentirosa”: Exdirectora regional de Familia demanda a Suzanne Roig 

García Sostre denunció que las actuaciones en su contra ocurrieron durante el año 2025 hasta junio de 2026. Por estos presuntos hechos, reclamó un total de $1.35 millones.

En la acción judicial, radicada ante el Tribunal de Primera Instancia en Arecibo, la exfuncionaria estableció que, mientras se desempeñaba como directora regional del Departamento, “comenzó a ser objeto de un patrón continuo de hostigamiento laboral, persecución, maltrato verbal y maltrato psicológico”.

También incluye el menoscabo de funciones y actuaciones dirigidas a afectar su autoridad, reputación, estabilidad emocional y desempeño profesional por parte de las co-demandadas Roig Fuertes, Lynette Pérez Molinarri, Sofia Benitez Rodríguez y Vivian Martínez Ruiz.

El recurso establece que “la secretaria Suzanne Roig Fuertes profería insultos explícitos y descalificaciones contra la competencia profesional de la demandante, incluyendo expresiones en las que la tildaba de bruta y mentirosa”. La demandante también establece en el recurso legal que fue excluida de actividades oficiales y fue despojada de sus funciones directivas que fueron delegadas a la co-demandada Pérez Molinari quien ocupa el puesto de subdirectora regional.

“Esta situación provocó que comenzara un patrón de acoso de parte de la co-demandada Pérez Molinari, quien tenía el apoyo de la secretaria co-demandada”, indica el documento.

“La subdirectora regional también mantuvo una campaña de difamación en la oficina, divulgando rumores falsos sobre la vida privada y orientación sexual de la demandante, incitando al personal a vigilarla y refiriéndose a ella de forma despectiva como una persona rara”, lee el recurso legal.

Según se detalla, García Sostre habría presentado una querella contra Pérez Molinari —el 1ro de julio de 2025— por “un esquema de persecución activa que incluía la toma de fotografías sin autorización” y la falta de atención a sus reclamos.

García Sostre denunció, además, haber sido agredida físicamente por otra empleada que “que se presentó en las facilidades de forma agresiva e inestable”. Se alegó que la empleada tomó a la demandante por la camisa y le causó raspaduras en el cuello mientras le profanaba palabras soeces.

Se establece, además, que, entre el 11 y el 15 de mayo de 2026, mientras la demandante se encontraba bajo vacaciones forzosas, Pérez Molinari y Martínez Ruiz, con la aprobación de Roig Fuertes, ingresaron de forma ilegal y sin autorización a la oficina de la demandante.

“Durante dicho acto, alteraron las cerraduras de la oficina y de todo el edificio para impedir el acceso de la demandante, quien todavía ostentaba el cargo de directora regional”, indica en la demanda.

Asimismo, fue removida de su posición por Benítez Rodríguez de manera verbal “y por órdenes de Roig Fuertes”.

“El trato recibido por la demandante fue humillante, arbitrario, irrazonable, innecesario y dañino para su reputación, dignidad, salud emocional y ambiente laboral”, añade el recurso.

El monto solicitado por la demandante responde a daños emocionales, angustias mentales, daños a su reputación y dignidad, daños económicos y daños por hostigamiento, entre otras cosas.

La cantidad se distribuye entre $150,000 por el Gobierno de Puerto Rico y el Departamento de la Familia; y $1.2 millones divididos en cuatro partes iguales ($300,000) entre Roig Fuertes, Pérez Molinari, Benítez Rodríguez y Martínez Ruiz.

La demanda incluye reclamaciones bajo la Constitución de Puerto Rico que establece “la dignidad del ser humano es inviolable”, así como a la Ley 115 de 1991, relacionada con represalias laborales; la Ley 90 de 2020, sobre acoso laboral; la Ley 100 de 1959 por descremen contra un empleado; y violaciones al Artículo 1536 del Código Civil de Puerto Rico.

Metro Puerto Rico solicitó una reacción por parte de la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, pero al cierre de esta edición no estuvo disponible.