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Bonistas de la AEE apelan a Boston decisión de Swain que mantuvo paralización de litigios 

05 June 2026
This content originally appeared on Metro Puerto Rico.

 

Las apelaciones fueron radicadas el miércoles por múltiples grupos de acreedores, incluyendo Assured Guaranty, National Public Finance Guarantee Corporation, GoldenTree Asset Management, Syncora Guarantee, U.S. Bank National Association en su capacidad como fiduciario de los bonos de la AEE, así como diversos grupos ad hoc de tenedores de bonos.

Los recursos buscan revertir la orden emitida por Swain el pasado 26 de mayo, mediante la cual rechazó una solicitud de los bonistas para levantar parcialmente la paralización de litigios y permitir que avanzaran varias controversias pendientes relacionadas con sus reclamaciones contra la AEE.

En esa determinación, la jueza concluyó que primero debe resolverse el litigio relacionado con la denominada contrademanda contable, proceso que busca determinar cómo deben calcularse los ingresos netos de la corporación pública y cuál es el valor real del colateral que respalda la deuda de los bonistas.

Swain sostuvo entonces que esas determinaciones son esenciales para evaluar reclamaciones posteriores sobre protección adecuada del colateral, solicitudes para levantar la paralización de litigios e incluso asuntos relacionados con una eventual confirmación del plan de ajuste de deuda.

Los bonistas, sin embargo, argumentan que la paralización les impide adelantar remedios que consideran necesarios para proteger sus intereses, incluyendo litigios relacionados con la designación de un síndico para la AEE.

La controversia gira alrededor de una de las disputas más importantes de la quiebra de la corporación pública: la naturaleza y el valor de la garantía que respalda aproximadamente miles de millones de dólares en deuda emitida por la AEE.

La Junta de Supervisión Fiscal, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y el Comité Oficial de Acreedores No Asegurados habían solicitado al tribunal mantener la paralización de litigios, argumentando que permitir nuevas controversias antes de resolver el asunto de los ingresos netos complicaría innecesariamente el proceso y duplicaría esfuerzos judiciales.

La orden de Swain mantuvo vigente la hoja de ruta actual del caso, que contempla primero resolver el litigio sobre los ingresos netos y posteriormente abordar asuntos relacionados con la valoración del colateral, protección adecuada y la confirmación de un eventual plan de ajuste.