Aseguran que Justicia defenderá a Suzanne Roig en demanda por hostigamiento laboral 

Por esa razón, añadió, se incluye al Estado en el pleito y este le brinda representación legal a la secretaria y a quienes hayan actuado con ella dentro de sus facultades. La defensa se extendería a las otras tres funcionarias demandadas: la subdirectora regional de Arecibo, Lynette Pérez Molinari; la ayudante especial de la secretaria, Sofía Benítez Rodríguez, y la encargada de Recursos Humanos, Vivian Martínez Ruiz.

“Si fuera una conducta ilegal, el Estado no le da representación legal”, puntualizó el exfiscal.

Cabán comparó el caso con el de la exsecretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) Valerie Rodríguez Erazo, a quien demandó una empleada de la agencia. Según explicó, como se trataba de un asunto civil relacionado con sus funciones, el Estado asumió su representación legal.

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En la demanda, radicada el martes en el Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, García Sostre reclama $1.35 millones y alega que, desde 2025 hasta junio de 2026, “comenzó a ser objeto de un patrón continuo de hostigamiento laboral, persecución, maltrato verbal, maltrato psicológico” por parte de las demandadas.

Según el recurso, la secretaria “profería insultos explícitos y descalificaciones contra la competencia profesional de la demandante, incluyendo expresiones en las que la tildaba de ‘bruta’ y ‘mentirosa’”. La exfuncionaria sostiene, además, que fue excluida de actividades oficiales y despojada de sus funciones directivas, que fueron delegadas a Pérez Molinari.

La demanda también alega que, entre el 11 y el 15 de mayo de 2026, mientras García Sostre estaba en vacaciones forzosas, Pérez Molinari y Martínez Ruiz entraron sin autorización a su oficina con la aprobación de Roig Fuertes, y que “alteraron las cerraduras de la oficina y de todo el edificio para impedir el acceso de la demandante, quien todavía ostentaba el cargo de Directora Regional”. Posteriormente, según el documento, Benítez Rodríguez le informó por órdenes de la secretaria que ya no era directora regional.

Del total reclamado, $150,000 corresponden al Gobierno y al Departamento de la Familia, y $1.2 millones se dividen en partes iguales de $300,000 entre Roig Fuertes y las otras tres funcionarias.

Sobre las posibilidades de que la demanda prospere, Cabán indicó que el testimonio de la demandante tendría que estar respaldado por otra evidencia, como declaraciones de testigos de la oficina donde trabajaba, correos electrónicos, mensajes de texto o fotografías. “La alegación por sí sola no hace prueba”, afirmó.

Roig Fuertes sostuvo, en declaraciones escritas, que los hechos ya habían sido investigados internamente en la agencia. No obstante, el exfiscal aclaró que una determinación administrativa no impide que el caso se vea en los tribunales.

“El hecho de que administrativamente se haya llegado a una determinación no priva a la demandante de tener alegaciones adicionales [y] presentarlas ante un tribunal”, explicó.

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