Agencias fiscales entregan información al Senado sobre reducción millonaria en contratos 

Tras días de presión, advertencias y resistencia, el Gobierno finalmente entregó al Senado el desglose que sustenta la alegada reducción de $900 millones en contratos de servicios profesionales, en lo que marca un nuevo episodio del pulso entre La Fortaleza y el liderato senatorial.

La información fue remitida mediante una carta fechada el 27 de marzo y firmada por el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech; el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Orlando Rivera Berríos; y el secretario de Hacienda, Ángel L. Pantoja Rodríguez, en respuesta a la Petición de Información 2026-0046 radicada por el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz.

El requerimiento legislativo concedía un plazo de 48 horas para someter un desglose detallado que evidenciara la reducción anunciada por la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón, incluyendo comparaciones entre los años fiscales 2024, 2025 y 2026, así como datos por agencia, tipo de servicio y contratos impactados.

Según los datos entregados, el Ejecutivo sostiene que la reducción asciende a aproximadamente $904.2 millones, lo que representa cerca de un 16% menos en gasto de contratos. En 2024, se registraron 11,783 contratos por un total de $5,819 millones, mientras que para 2026 la cifra aumentó a 12,263 contratos, pero con un costo menor de $4,915 millones.

El contraste —más contratos, pero menos gasto— es atribuido por el gobierno a un cambio en los mecanismos de control fiscal, particularmente tras la implementación de la Orden Ejecutiva 2025-008 y la Carta Circular 006-2025, que establecieron un modelo de evaluación centralizada de contrataciones.

De acuerdo con la carta, los datos fueron recopilados a través de la Plataforma Electrónica de Procesamiento (PEP) de la OGP, sistema que, según las agencias, permite validar y consolidar todas las transacciones de contratación pública bajo un mismo proceso de fiscalización.

“La información que se provee refleja las transacciones evaluadas y autorizadas en dicha plataforma”, sostienen los funcionarios en la misiva, al indicar que los números surgen directamente de registros oficiales del sistema.

La entrega ocurre en medio de una escalada en la tensión entre el Senado y el Ejecutivo por el acceso a información fiscal. La petición de Rivera Schatz surge tras cuestionamientos sobre la veracidad y el alcance del recorte millonario, así como en un contexto más amplio de fiscalización legislativa sobre la contratación gubernamental.

Ese conflicto se ha intensificado en días recientes, incluyendo acciones judiciales del Senado para obligar al Departamento de Hacienda a divulgar información contributiva de contratistas, lo que ha generado resistencia por parte de la agencia.

El secretario de Hacienda, por su parte, ha defendido que su deber es proteger la confidencialidad de los contribuyentes, argumentando que existe un balance entre la facultad investigativa del Legislativo y los derechos constitucionales de los ciudadanos.

Paralelamente, el Senado mantiene en curso una investigación de mayor alcance que incluye la citación de Domenech a una comisión total, donde deberá responder sobre adjudicaciones de contratos, vínculos con la firma Politank y posibles conflictos de interés en distintas agencias.

Aunque con la entrega de los documentos el Gobierno cumple con el requerimiento del Senado, el intercambio se da en un escenario de confrontación que sigue abierto, con nuevas líneas de investigación en desarrollo y sin que se disipen del todo las dudas sobre el alcance real de los recortes anunciados.