Abogado Juan Maldonado se declara culpable por compra ilegal de pruebas COVID-19 

El abogado Juan Maldonado de Jesús aceptó el viernes, 12 de diciembre de 2025, culpabilidad ante el Tribunal Superior de San Juan por delitos relacionados con la compra ilegal de 38 millones de dólares en pruebas COVID, vinculadas a un contrato otorgado hace cinco años por el Departamento de Salud a la empresa Apex General Contractors.

El caso fue presentado por fiscales del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, quienes lograron la admisión de culpabilidad por tentativa de fraude en su modalidad grave y por falsificación de documentos, además de un cargo reclasificado como delito de impostura.

El expediente establece que Maldonado renunció a la vista preliminar y aceptó responsabilidad por los delitos imputados en torno al contrato que gestionó para la adquisición de pruebas por 38 millones de dólares, el cual generó señalamientos por su naturaleza irregular y por el proceso utilizado para su otorgamiento.

Las autoridades indicaron que se archivaron otros cargos que incluían falsedad ideológica y posesión o traspaso de documentos falsificados, mientras que el acuerdo alcanzado dispone el pago de 10,000 dólares por gastos incurridos durante la investigación del caso.

La vista de lectura de sentencia fue señalada para el 20 de febrero de 2026, a las 9:00 de la mañana, en la Sala 1104 del Tribunal Superior de San Juan.

Portavoz del PIP en el Senado reacciona a demanda para anular extensión contrato LUMA

La senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago Negrón reaccionó a la demanda para declarar nulo la extensión del contrato suplementario de LUMA Energy.

“Iniciado el trámite que el país había estado esperando, y que esperamos conduzca a la anhelada cancelación del contrato de LUMA, quedan tres tareas pendientes:1.La adjudicación de responsabilidades por los actos ilícitos en los que, según la demanda, participaron varios funcionarios de las propias entidades demandantes (AEE y P3)2. La reclamación a LUMA por sus reiterados incumplimientos como operador de la Transmisión y Distribución, elemento importantísimo que no contempla la demanda3. La aceptación del fracaso de la privatización del sistema energético y la transición a un modelo despolitizado, democrático y eficiente en manos del pueblo de Puerto Rico”, dijo la senadora en declaraciones escritas.

La enmienda al contrato suplementario se firmó en noviembre de 2022 bajo la administración de Pedro Rafael Pierluisi Urrutia.

Entre los argumentos expresados en la demanda, y que esperan se atiendan a través de un recurso de certiorari ante el Tribunal Supremo, se establece que el proceso de aprobación de la Carta-Extensión del Acuerdo Suplementario es nulo al no contar con el voto afirmativo de ambos representantes del interés público de las AAPP, los cuales se abstuvieron, según exigido en la Sección 10(b) de la Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico.

Se alega además que tampoco contó con el voto del director ejecutivo de la AEE (en ese entonces Josué Colón Ortiz), quien se rehusó a firmar la Carta-Extensión y, por lo tanto, lo autorizó el entonces presidente de la Junta de Gobierno, Fernando Gil Enseñat. Se mencionó que los términos de la Carta-Extensión tampoco cuenta con una probación o certificado de cumplimiento de energía emitido por el Negociado de Energía de Puerto Rico. Tampoco, según la demanda, la Carta-Extensión nunca fue sometida para aprobación legislativa conforme exige el Artículo 10(e) de la Ley 29, el cual dispone que “toda extensión” de un contrato otorgado bajo dicha ley requiere aprobación mediante legislación.