El alcalde también propuso suspender durante un año la importación de perros y gatos para fines comerciales. La medida incluiría las excepciones necesarias para proteger el bienestar de los animales y atender situaciones particulares.
En octubre de 2024, García Padilla había solicitado al entonces gobernador Pedro Pierluisi y a la Junta de Control Fiscal una asignación de $2 millones para atender la situación.
Sin embargo, sostuvo que el Gobierno todavía no ha establecido un programa nacional permanente de manejo y esterilización ni una respuesta estructurada ante la proliferación de perros, gatos y caballos realengos.
“Puerto Rico necesita dejar de mirar hacia el lado. Este problema no se resuelve con expresiones de indignación, campañas aisladas ni medidas superficiales. Necesitamos una política pública seria, recursos recurrentes, fiscalización y responsabilidad compartida entre el Gobierno central, los municipios, los veterinarios y las organizaciones protectoras de animales”, expresó García Padilla.
El funcionario señaló que la crisis afecta el bienestar animal, la salud pública, la seguridad y la convivencia ciudadana. Por ello, exhortó al Gobierno a actuar mediante inversión y coordinación entre las distintas entidades para atender el problema en todos los municipios.
“No podemos seguir esperando a que ocurran más tragedias para reaccionar. Las soluciones livianas ya no son suficientes. Puerto Rico necesita atender esta emergencia con la seriedad y urgencia que merece”, añadió.
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