Trabajadoras podrían recibir hasta 12 días al año de licencia menstrual 

La propuesta contempla condiciones como la dismenorrea incapacitante, la endometriosis, la adenomiosis, los fibromas uterinos sintomáticos y otras condiciones ginecológicas certificadas por un profesional de la salud autorizado para ejercer en Puerto Rico.

Según recoge la exposición de motivos, estas condiciones pueden provocar dolor severo, sangrado abundante, náuseas, vómitos, mareos, fatiga extrema y otras manifestaciones que afectan la capacidad funcional de la trabajadora.

La licencia cubriría tanto a las mujeres empleadas al momento de entrar en vigor la ley como a aquellas que sean contratadas posteriormente, independientemente de su fecha de contratación o años de servicio.

“Una mujer que necesita atender una condición médica no debe sentirse avergonzada ni tener miedo de que se cuestione su compromiso con el trabajo. Por eso, esta medida exige que el uso de la licencia esté debidamente justificado, protege su privacidad y establece garantías frente a represalias. Queremos que las trabajadoras puedan atender su salud con dignidad y que los patronos cuenten con reglas claras para manejar estas situaciones con responsabilidad y sensibilidad”, sostuvo la legisladora.

Además, cuando la naturaleza de las funciones lo permita y medie acuerdo entre las partes, el patrono podría ofrecer acomodos razonables temporales, como teletrabajo, horarios flexibles, reasignación de tareas o períodos adicionales de descanso.

Estas alternativas dependerían de las funciones de la empleada y de las necesidades operacionales de la empresa o agencia gubernamental; no serían automáticas. La propuesta también preservaría los derechos reconocidos bajo la Ley federal de Licencia Familiar y Médica (FMLA) y cualquier otra legislación federal aplicable.

De convertirse el Proyecto de la Cámara 1525 en ley, sus disposiciones comenzarían a regir 120 días después de su aprobación. El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, en coordinación con el Departamento de Salud, tendría un término no mayor de 120 días a partir de la aprobación de la ley para adoptar la reglamentación necesaria e implantar el beneficio.