El alcalde también solicitó investigar los señalamientos sobre posibles amenazas contra ciudadanos que grababan los operativos. En su comunicación recordó que la Primera Enmienda protege el derecho de las personas a documentar actuaciones de funcionarios públicos en espacios públicos. “La grabación, por sí sola, no debe dar lugar a intimidación, amenazas ni represalias por parte de funcionario público alguno”, sostuvo. Asimismo, advirtió que las calles, los comercios y los espacios públicos de San Juan no deben tratarse como puestos de control fronterizo.
Romero pidió que se revisen las instrucciones y prácticas de los agentes federales, particularmente en el trato a las personas intervenidas y a quienes documentan sus actuaciones. También solicitó adoptar las medidas correctivas correspondientes si se identifican irregularidades. Aunque reconoció la responsabilidad federal de hacer cumplir las leyes migratorias, insistió en que esas intervenciones deben respetar los derechos constitucionales y el debido proceso de ley, independientemente de la situación migratoria de las personas.
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