Abogan para que secretarios de Gobierno puedan ser destituidos por la Asamblea Legislativa 

Los legisladores señalaron, en declaraciones escritas, que este año dejó dos ejemplos claros del vacío constitucional. En febrero, luego de que el Departamento de Justicia confirmara que recibió un referido para investigar a la entonces secretaria de Vivienda, por presuntas irregularidades en un centro de inspección, la funcionaria aseguró que no renunciaría. Su salida no llegó hasta semanas después, cuando presentó su renuncia efectiva el 16 de marzo de 2026.

Más recientemente, la secretaria del Departamento de la Familia, es investigada por procesos vinculados a contratos millonarios con procesos irregulares. Aun así, no ha sido destituida. Según los legisladores, en ambos casos, la permanencia de un jefe de agencia bajo cuestionamiento dependió únicamente de la voluntad de la propia funcionaria.

“Quien maneja el presupuesto de un departamento y toma decisiones que afectan a millones de personas tiene que rendir cuentas, no solo a quien lo nombró, sino al país”, expresó el representante Torres Cruz.

Por su parte, Vargas Laureano destacó que la Legislatura participa en el nombramiento de estos funcionarios mediante su consejo y consentimiento, por lo que resulta lógico que el Poder Legislativo cuente también con una herramienta de fiscalización cuando un funcionario incumple con sus deberes.

“Esta medida no le quita poder al gobernador. Añade un contrapeso que hoy no existe y deja la decisión final en manos de quien debe tenerla”, dijo Varela Fernández.