Los asesinatos del abogado Luis A. Quiñones González y del empresario y activista del PNP Félix Plaud de Choudens, seguidos del suicidio del principal sospechoso, William Noel Rivera Sánchez, han puesto sobre la mesa una realidad que enfrentan muchos ciudadanos en Puerto Rico: el tiempo, el dinero y el desgaste emocional que puede representar una disputa económica. Aunque la controversia comercial entre los involucrados comenzó en 2021, las demandas judiciales fueron presentadas en 2025 y 2026. La Policía investiga el posible móvil de los crímenes, mientras el caso abre una discusión sobre lo difícil que puede resultar obtener una sentencia y, posteriormente, lograr que se cumpla.

El abogado civilista Raúl González explicó que, incluso cuando una persona logra una decisión favorable del tribunal, eso no significa que recibirá inmediatamente el dinero reclamado. “Los pleitos de cobro son realmente dos pleitos. El primero es donde intentas obtener una sentencia de cobro. El segundo es tratar de cobrar la sentencia. En el mejor de los casos, cobrar la sentencia puede tomar meses o años. En el peor de los casos la sentencia es incobrable”, señaló el licenciado. Esa segunda etapa puede convertirse en otra batalla judicial para quien ya ha invertido tiempo y recursos intentando recuperar su dinero.

La discusión sobre eficacia de la justicia no es nueva en Puerto Rico. Hace casi dos décadas, David M. Helfeld, ex decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, dirigió un estudio en el que estudiantes examinaron el trámite seguido en casos judiciales para medir las demoras en los tribunales del país. El estudio, publicado en 2008 en la Revista Jurídica de la UPR, analizó 117 casos resueltos por el Tribunal Supremo y encontró que el 81 % tardó más de un año en resolverse y el 32 % más de dos años. Sus hallazgos provocaron una seria discusión sobre las consecuencias de la lentitud judicial y sus efectos en la administración de la justicia. Casi 20 años después, el tema vuelve a cobrar relevancia, particularmente por las barreras que enfrentan los ciudadanos para obtener justicia en controversias civiles.
Del lado de los tribunales, el Poder Judicial no rehúye medirse: cada año publica un anuario estadístico que recoge en cifras su desempeño. El correspondiente al año fiscal 2024-2025 reconoce que “la disponibilidad de una base estadística adecuada que permita la medición de la gestión judicial de nuestros tribunales es esencial para la toma de decisiones”. Entre los indicadores que utiliza para evaluar su gestión figuran “el índice de resolución, la variación de casos pendientes [y] la capacidad de resolución de los órganos judiciales”.Sin embargo, esos indicadores no miden necesariamente cuánto tarda una persona en cobrar una sentencia.

Abogados y abogadas litigantes consultados por Metro Puerto Rico coincidieron en que un proceso civil en los tribunales estatales rara vez se resuelve en menos de un año.“El tiempo que puede tomar una litigación suele ser parte de las discusiones que se dan con los clientes. Lamentablemente, es importante aterrizar sus expectativas y que estén claros [de] que su caso no se resolverá tan rápido como quisieran”, dijo uno de ellos.
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