Georgie Navarro propone tres años de cárcel por ayudar a menores a abortar 

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico se opuso este viernes al Proyecto de la Cámara 1067 al advertir que su lenguaje podría terminar criminalizando a familiares, profesionales de la salud, trabajadores sociales y otras personas que ayuden a adolescentes a acceder a servicios médicos legales. “Este proyecto criminaliza, restringe derechos e impone obstáculos adicionales al aborto”, expresó la directora ejecutiva de la organización, Annette Martínez Orabona.

Una de las principales preocupaciones de la ACLU es que la propuesta de Navarro no distingue entre las menores de 15 años o menos, que necesitan consentimiento parental para abortar, y las adolescentes de 16 y 17 años, que actualmente pueden acceder al procedimiento sin esa autorización. La organización también cuestionó el uso del término “reclutar”, al considerar que podría interpretarse de manera tan amplia que incluso personas que ofrecen orientación o información médica podrían enfrentar consecuencias legales.