Bukele: beneficios carcelarios serían para 50% de colaboradores de pandillas, unos 5,000 presos 

“Entonces, de esos 10,000 vamos a revisar los casos, y nosotros creemos, en una revisión previa, que aproximadamente un 50% pudiera entrar al programa Cero Ocio para poder salir más rápido, reformados, en lugar de esperar diez años para que salgan más criminales”, indicó Bukele.

Sin embargo, en su intervención previa no dijo que se trataba de este programa, en el que los presidiarios realizan trabajos de utilidad pública, como renovar escuelas, construir pupitres, entre otras actividades, por las que pueden recibir la libertad condicional.

Según un gráfico que presentó el jefe de Estado con una pirámide invertida sobre la distribución de la población carcelaria relacionada con las pandillas en El Salvador, del total de 96,457 reos, señaló que 42,125 son homeboys (miembros plenos de las pandillas), 25,910 son “miembros no brincados” que aspiran a llegar a lo más alto de la escala pandillera, 17,793 son “paros” o colaboradores voluntarios habituales y 10,629 serían colaboradores casuales.

“La diferencia entre un paro (colaborar voluntario) y un simple colaborador momentáneo, o de casualidad, o especial, era que el paro era un colaborador constante y continuo: alguien que todos los días, o tres veces a la semana, hacía un favor a la mara, permanente. Él nunca iba a ser pandillero, nunca iba a ser miembro, nunca lo iban a brincar, pero él sabía lo que hacía y lo hacía de una forma constante, continua y permanente”, explicó Bukele.

Estas declaraciones fueron dadas en el marco de la visita de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, quien se reunió con su homólogo tras visitar la megacárcel del Centro del Confinamiento del Terrorismo (CECOT), símbolo de la lucha de Bukele contra las pandillas o maras.

El Salvador se encuentra bajo un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, que suspende garantías constitucionales y ha dejado esos más de 90.000 detenidos a los que el Gobierno acusa de pertenecer a las pandillas o colaborar con ellas.

En el contexto de la implementación del régimen de excepción, organizaciones humanitarias han registrado más de 6,400 denuncias de atropellos y 570 muertes de personas bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia, según las denuncias.

El régimen de excepción se ha convertido en la única apuesta del Gobierno contra las pandillas, lo que también le granjeó a Bukele, quien mantiene una alta aprobación entre los salvadoreños, su reelección inmediata para un segundo mandato pese a la prohibición constitucional en su momento.

Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional (AI) han alertado que, bajo esta disposición, el Estado salvadoreño podría estar cometiendo crímenes de lesa humanidad.