Municipio de San Juan impacta negocios por violaciones durante la madrugada 

Durante la intervención se identificaron violaciones al Código de Orden Público y otras disposiciones aplicables. Las autoridades también ocuparon bebidas alcohólicas.

La situación adquirió mayor gravedad cuando agentes de la Unidad de Impacto de la Policía Municipal localizaron, a simple vista y en distintas áreas del establecimiento, siete armas de fuego, seis de ellas con capacidad de disparo automático, 30 cargadores y 579 municiones.

El armamento fue ocupado para investigación, mientras las autoridades procuran establecer las circunstancias relacionadas con su presencia en el local.

“Lo encontrado durante esta intervención requiere una investigación rigurosa. Nuestros agentes actuaron conforme a los protocolos establecidos, aseguraron las armas y municiones y continuarán trabajando para determinar las circunstancias relacionadas con estos hallazgos”, expresó el comisionado de la Policía Municipal, Juan Jackson.

Las intervenciones ocurren pocos días después de la masacre registrada el domingo 11 de octubre en Zoila Café, en la barriada Capetillo de Río Piedras, donde tres personas murieron y otras nueve resultaron heridas.

Una investigación publicada por Metro Puerto Rico reveló que ese establecimiento acumulaba 16 multas por violaciones al Código de Orden Público, cuatro de ellas por vender bebidas alcohólicas fuera del horario permitido.

En entrevista con este medio, Jackson reveló entonces que el negocio contaba con una entrada posterior a través de unos apartamentos, utilizada para permitir el acceso de clientes mientras aparentaba estar cerrado.

El funcionario explicó que ese mecanismo dificultaba las intervenciones municipales, pues los agentes podían encontrar las puertas principales cerradas mientras continuaban las actividades en el interior.

El Código de Orden Público de San Juan prohíbe la venta y el expendio de bebidas alcohólicas entre las 2:00 y las 6:00 de la madrugada los sábados y domingos. Sin embargo, esa restricción no implica necesariamente que todos los establecimientos deban cerrar sus puertas, dependiendo de sus operaciones y permisos.

Tras la masacre, Romero Lugo reclamó mayores facultades legales para que los municipios puedan cancelar permisos de establecimientos comerciales reincidentes sin tener que esperar por extensos procesos administrativos y judiciales.

“Estos operativos tienen como propósito velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y ordenanzas que aplican a los establecimientos comerciales, pero también proteger la seguridad de nuestras comunidades”, expresó el alcalde.

Como parte de las inspecciones realizadas entre el viernes y sábado, la Oficina de Permisos municipal emitió 10 multas por $20,800, mientras el Departamento de Hacienda expidió 11 por $7,500. Por su parte, la Policía Municipal impuso nueve multas relacionadas con el Código de Orden Público por $13,000.

En conjunto, las tres agencias emitieron 30 multas por $41,300.

Romero Lugo adelantó que los operativos continuarán en distintos sectores de la capital para fiscalizar establecimientos comerciales y atender incumplimientos con las disposiciones municipales.