La vista pública de la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos, presidida por Wanda “Wandy” Soto Tolentino, recibirá este miércoles a Medina Díaz a las 10:00 de la mañana y a Roig Fuertes a la 1:00 de la tarde.
Como parte de una petición de información presentada por el senador Juan Oscar Morales Rodríguez y aprobada por el Senado sobre el proceso de contratación en ADSEF, solicitará la citación de LAP Consulting Group, Inc., firma que se encargó de evaluar y respaldar a NOLA Educations, LLC., como la empresa que desarrollaría Star Academy en Puerto Rico y se implementaría en 25 escuelas públicas, como un programa de intervención académica para prevenir la deserción escolar.
La periodista Nuria Sebazco reveló que otra de las compañías que figuraba entre las participantes del proceso de adjudicación del contrato, realmente no participó ni sometió ninguna propuesta. Se trata de Coccoloba AgroEnvironmental LLC que, en comunicaciones escritas, explicó que “no presentó propuesta para evaluación, ni autorizó a persona o entidad alguna a someter una propuesta en su nombre”.
También solicitará la comparecencia de Gisela Rodríguez, pasada asesora legal de ADSEF y de Medina Díaz.
“La secretaria del Departamento de la Familia tendrá que contestar por qué removió a Gisela Rodríguez una vez Blanca Medina emite el memorando diciendo que no iba a firmar el contrato”, expresó Morales Rodríguez.
Aunque Roig Fuertes explicó que no iba a ser implementado para atender el rezago académico de los estudiantes, sino promover destrezas en áreas técnicas y vocacionales, el proyecto recobró notoriedad con la salida de Medina Díaz quien indicó que las diferencias con Familia iniciaron cuando se negó a firmar dicho contrato millonario que calificó como “ilegal”.
Senador asegura presiones para la firma de contratos
Morales Rodríguez afirmó a este medio que la exadministradora de ADSEF recibió presiones indebidas por parte de la secretaria de la Familia y de la directora de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Gabriella Boffelli para la firma de contratos en la agencia.
“No tengo dudas. Ni firmó Star ni firmó Strategic. Recibió presiones de la secretaria y de PRFAA”, señaló el senador.
En una entrevista televisiva, Medina Díaz indicó que su salida se debió a que rechazó firmar un contrato aunque Roig Fuertes explicó que se debió a poblemas relacionados con disciplina y ejecución. Morales Rodríguez, sin embargo, explicó que pudo haber un interés específico con la empresa Strategic Technology Advisors cuyo presidente es Leobardo Villegas Huertas y que Medina Díaz tampoco firmó.
Se trataba de un acuerdo por un monto de $300 mil dólares y que, para la contratación, contaba con $38.5 millones en fondos del Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF, en inglés).
Dichos fondos de TANF fueron utilizados para realizar un viaje oficial desde el 7 al 10 de diciembre de 2025 a Louisiana, específicamente $7,610.80, para incorporar el proyecto en la isla.
“A mí me parece que conforme a la orden ejecutiva, ese viaje es ilegal”, indicó Morales Rodríguez. Ante pregunta de este medio sobre la legalidad en el uso de fondos TANF para este tipo de viajes, el legislador dijo “negativo”.
“Ese tipo de servicio no está contemplado en el State Plan, y dice la normativa federal que si no está contemplado en el presupuesto, [...] entonces había que notificar a la agencia federal para entonces utilizar los fondos y eso no ocurrió”, añadió.
Asimismo, exhortó a la directora de PRFAA, quien aseguró que no existía borrador de contrato ni un “documento en frente para que ella firmara tan siquiera”, a revelar si existe algún interés en contratar a Strategic y mantiene alguna relación con Villegas Huertas.
Metro Puerto Rico solicitó una reacción a PRFAA, pero al cierre de esta edición no ha recibido respuestas.
El senador indicó, por su parte, que tiene en su poder un borrador de contrato y una carta de adjudicación a NOLA, ambos documentos en el portal del Senado.
Aunque NOLA fue seleccionada para la iniciativa en enero de 2026, el proceso no culminó con un contrato vigente. Lo que, posteriormente, llevó a la cancelación del contrato el 19 de mayo.
El Departamento de Justicia acogió un referido presentado por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quien también remitió las alegaciones a la Oficina del Inspector General (OIG) para su evaluación.
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