Familia defiende proyecto de $38 millones y niega que buscara atender el rezago académico 

El proyecto recobró notoriedad con la reciente destitución de la administradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), Blanca Medina Díaz quien indicó que las diferencias con Familia iniciaron cuando se negó a firmar dicho contrato millonario que calificó como “ilegal”.

Roig Fuertes indicó a Metro Puerto Rico que el objetivo del proyecto era “atender y promover el hambre de conocimiento y destrezas en jovenes de 7mo a 9no participantes de TANF para que cuando lleguen a su etapa de salir de la escuela superior estén encaminados y tengan destrezas, tanto en áreas técnicas (y) vocacionales, como en áreas profesionales”.

Sin embargo, el proyecto iba a ser impulsado a través de Star Academy, un programa de intervención académica para prevenir la deserción escolar, desarrollado por la empresa NOLA Education, LLC. Según Roig Fuertes, iba a ser implementado en 25 escuelas públicas en Puerto Rico y suponía impactar a 2,000 estudiantes.

Ante preguntas de este medio sobre la participación del Departamento de Educación en el desarrollo de este programa, la titular de Familia indicó que fue “un trabajo en equipo”.

“Tuvimos conversaciones y trabajamos en equipo, porque todos, tanto el secretario y su equipo, como yo y el equipo de la ADSEF, entendíamos también que era bueno. Así que se trabajó en equipo para hacerlo viable”, expresó la secretaria de Familia.

No obstante, el secretario de Educación,Eliezer Ramos Parés indicó a este medio, en declaraciones escritas, que la propuesta de implementar a Star Academy en las escuelas públicas representa un buen proyecto para reforzar la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, en inglés) y presenta logros en otras jurisdicciones educativas en Estados Unidos, pero “no fue considerada en aquel momento debido a que el Departamento ya ofrece servicios con objetivos similares a través de programas financiados con fondos de Título I”.

“Además, al momento de su presentación, esta iniciativa no constituía una prioridad para la agencia y no se contaba con los recursos fiscales para asumir ese gasto”, agregó Ramos Parés.

Por otro lado, la secretaria de Familia aseguró que el programa educativo “no existe en Puerto Rico, no existe en nuestro sistema público”.

La adjudicación a NOLA no se concretó, entre otras cosas, debido a que la viabilidad del proyecto dependía, en gran manera, de la cantidad de niños matriculados en el sistema público que reciben el beneficio de TANF. Pero, según la secretaria, al evaluar la matrícula del año escolar subsiguiente, se determinó que no había una cantidad sustancial de niños beneficiados “por lo que no se pudo realizar el proyecto”.

Aunque Roig Fuertes indicó que la salida de Medina Díaz no responde a que se rehusó a firmar este contrato; la exadministradora dijo, en una entrevista televisiva, que su salida surge luego de alegadas presiones indebidas por parte de la titular de Familia.

“Si eso hubiera sido así, se habría destituido en aquel momento, no ahora. Esto es un expediente cerrado para nosotros”, puntualizó Roig Fuertes.

Además, en una carta con fecha del 20 de mayo de 2026, publicada por la periodista Nuria Sebazco, establece que la dependencia “no formó parte del comité evaluado, no estableció criterios de evaluación, no desarrolló rúbricas para dicho proceso y tampoco emitió cartas relacionadas con el RFP”. Ante estas alegaciones, Roig Fuertes indicó que, el pasado administrador de ADSEF, Ramón Burgos Bermúdez, conocía de las gestiones realizadas para desarrollar el proyecto.

Departamento de Justicia acoge referido de Rivera Schatz

El Departamento de Justicia confirmó que recibió un referido del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, relacionado con el proceso de esta contratación en ADSEF.

La secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, informó que el asunto se atenderá conforme a la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988, conocida como Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente que determina que, de haber causa suficiente para iniciar una investigación, el término vencería el 22 de octubre de 2026.

“Recibimos hoy, cerca del mediodía, el referido presentado por el presidente del Senado. Lo atenderemos con la seriedad y el rigor que amerita, para determinar las acciones que procedan conforme a derecho”, expresó Gómez Torres.

“Este proceso se realizará con independencia y estricto apego a la ley. No prejuzgaremos a nadie ni adelantaremos conclusiones. Las determinaciones se realizarán una vez se examinen los hechos y el derecho aplicable, y el resultado se informará cuando concluya el proceso”, añadió.