PPD propone eliminar costos y requisitos para asistentes T1 y T2 de Educación 

El P. del S. 1472, por su parte, busca eximir a los asistentes del Registro Único de Proveedores de Servicios Profesionales de la ASG. De acuerdo con los senadores, algunos asistentes de servicios, incluidos los que trabajan bajo remedio provisional, deben completar ese registro para prestar servicios al Departamento de Educación.

El registro tiene un costo de $100, según la información presentada durante la conferencia.

Álvarez Conde cuestionó que las funciones de los asistentes T1 puedan clasificarse automáticamente como servicios profesionales. Señaló que, en muchos casos, el requisito básico para ocupar estas posiciones es haber completado el cuarto año de escuela superior, sin que se requiera un grado universitario, licencia profesional o preparación técnica especializada.

La tercera medida, el P. del S. 1473, propone eximir a estos trabajadores de la aportación especial de 1.5% establecida por la Ley 48-2013 para contratos de servicios profesionales y consultivos.

Hernández Ortiz señaló que asistentes de servicios le informaron que dicha retención se está incluyendo en sus contratos.

“Para el año escolar 2026-2027, el Departamento de Educación cuenta con 6,588 asistentes de servicios, de los cuales 2,191 ocupan puestos permanentes y 4,397 prestan servicios mediante contrato”, expresó el senador. Esas cifras también fueron reportadas a partir de datos del Departamento de Educación.

Los datos citados por los legisladores indican que el 66.7% de los asistentes de servicios trabaja mediante contrato, mientras que el 33.3% ocupa puestos permanentes.

Las propuestas se presentan luego de que la delegación popular denunciara que cerca del 29% de los estudiantes elegibles para servicios de asistentes de Educación Especial no tenía un asistente documentado en el sistema del Departamento de Educación, según datos suministrados por la agencia. Datos divulgados recientemente ubican la cifra en 3,208 estudiantes, equivalente al 29.1%.

Durante la conferencia también participaron Guillermo Betancourt Rodríguez, portavoz de los asistentes de servicios especiales T1 de Puerto Rico (ASEEPR), y Carmen Warren, portavoz del Comité Timón del pleito judicial Rosa Lydia Vélez.

Hernández Ortiz indicó que las tres medidas tendrán su primera lectura este lunes y posteriormente serán referidas a las comisiones correspondientes.

El senador también señaló que la delegación solicitó una reunión con la Junta de Supervisión Fiscal para plantear que el próximo presupuesto incluya una partida recurrente para los contratos y permanencias de los T1, con el objetivo, según explicó, de reducir la contratación privada de estos servicios.