Junta advierte que arbitrios más altos en 22 municipios podrían poner en riesgo fondos para reconstrucción 

La advertencia surge de una carta enviada el 8 de agosto al comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, en respuesta a una solicitud de información que este presentó en junio sobre los efectos de la Ley 215-2024 en proyectos de reconstrucción e infraestructura crítica financiados con fondos federales.

Según el análisis realizado por la Junta, 22 de los 78 municipios —un 28%— imponen una tasa de arbitrios de construcción mayor a proyectos financiados por el gobierno que a proyectos privados. En 15 de esos municipios, la tasa para las obras gubernamentales alcanza el 10%, lo que en la mayoría de los casos representa el doble y, en algunos, más del doble de la aplicada a proyectos privados comparables.

Los municipios identificados son Adjuntas, Añasco, Cabo Rojo, Camuy, Ciales, Cidra, Guánica, Guaynabo, Lajas, Lares, Maunabo, Orocovis, Peñuelas, Ponce, San Germán, San Sebastián, Toa Alta, Trujillo Alto, Utuado, Vega Baja, Vieques y Yauco. Patillas tiene una disposición específica para contratistas gubernamentales, pero aplica la misma tasa de 6% a proyectos públicos y privados, por lo que no está incluido entre los 22.

La Junta destacó que la práctica de establecer tasas diferentes tomó fuerza después del huracán María, cuando Puerto Rico comenzó a recibir cantidades sustanciales de fondos federales para recuperación. De los 22 municipios identificados, 20 adoptaron las tasas diferenciadas después de 2017 y 11 lo hicieron entre 2022 y 2025.

Cuestionan trato distinto a proyectos públicos

En su carta, la Junta sostuvo que desconoce de alguna jurisdicción estadounidense que establezca una tasa contributiva diferente para una construcción dependiendo de la fuente de sus fondos. En los estados y localidades que ha examinado, indicó, las obras financiadas por el gobierno están exentas o tributan a la misma tasa que las construcciones privadas.

Ante ese escenario, el organismo advirtió que el Gobierno de Puerto Rico y los municipios deben asegurarse de que las tasas diferenciadas cumplan con los principios federales que determinan qué costos pueden cargarse a subvenciones.

La Junta planteó que aplicar una tasa mayor a una obra por el hecho de estar financiada por el gobierno federal abre la interrogante de si ese costo adicional podría considerarse “irrazonable” o “discriminatorio” bajo las normas federales. De ocurrir, sostuvo, podría ponerse en riesgo financiamiento federal para recuperación por desastres u otros programas.

Sin embargo, el organismo reconoció que corresponde a las agencias federales que conceden los fondos determinar si esos costos son permitidos y pueden cargarse a las asignaciones federales.

La preocupación de la Junta también se extiende a cuánto dinero termina disponible para ejecutar las obras. Según explicó, los contratistas procuran el reembolso de los arbitrios municipales de las agencias gubernamentales y esos pagos salen de las asignaciones de cada proyecto.

Por esa razón, los arbitrios se reflejan en las propuestas de los contratistas y, a juicio de la Junta, una tasa más elevada puede provocar que una proporción menor del dinero federal asignado termine directamente en las obras de infraestructura.

Congreso pone la mira sobre los arbitrios

La controversia también ha llamado la atención del Congreso.

En junio, el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes federal incluyó en el informe que acompaña el proyecto presupuestario del Departamento de Seguridad Nacional para el año fiscal 2027 lenguaje que requeriría a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) informar sobre el desembolso de fondos destinados a reparaciones de la red eléctrica luego de desastres.

De aprobarse la medida con esa disposición, FEMA tendría que informar, entre otros asuntos, si arbitrios o cargos municipales de construcción están retrasando el desembolso de fondos federales, incluyendo aquellos aplicados retroactivamente. La propia Junta señaló que FEMA será quien determine, a base de los hechos y requisitos federales aplicables, si estos arbitrios constituyen costos permitidos bajo las subvenciones que administra.

No pueden precisar cuánto dinero han recaudado

A pesar de sus advertencias, la Junta reconoció que actualmente no puede determinar cuánto dinero procedente de fondos federales de recuperación ha terminado en las arcas municipales mediante estos arbitrios.

El organismo explicó que los recaudos por arbitrios de construcción no se informan de acuerdo con la fuente de financiamiento de los proyectos. Por tanto, los informes financieros municipales no permiten distinguir cuánto proviene de construcciones financiadas con fondos federales, estatales o privados.

La Junta indicó, además, que el Gobierno de Puerto Rico no le ha proporcionado estimados confiables que permitan calcular el impacto fiscal sobre los municipios si no pudieran cobrar la porción adicional de estos arbitrios.

Señalan caso de las turbinas de Costa Sur

Como ejemplo de los problemas que pueden provocar las disputas relacionadas con los arbitrios, la Junta destacó la controversia entre Siemens Energy y el municipio de Guayanilla por la instalación de dos generadores con turbinas de gas para la central Costa Sur.

Siemens acordó suministrar las dos unidades y servicios relacionados a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) mediante un contrato de aproximadamente $150 millones. Guayanilla impuso $7.5 millones en arbitrios de construcción y una penalidad de $15 millones por alegadamente no haber presentado la documentación correspondiente, además de unos $900,000 en patentes municipales. Según la Junta, la imposición combinada representaba alrededor del 15% del valor del contrato.

Siemens acudió al Tribunal de Primera Instancia el 17 de octubre de 2025. Posteriormente, el municipio retiró las reclamaciones contributivas y el caso fue desestimado en febrero de este año.

La Junta sostuvo que, de no resolverse la disputa, Puerto Rico se exponía a perder las turbinas si Siemens decidía instalarlas en otro lugar.

El organismo aclaró que Guayanilla no forma parte de los 22 municipios con tasas diferenciadas, pues aplica la misma tasa de construcción a todos los proyectos. Utilizó el caso, en cambio, para ilustrar el riesgo que, a su juicio, una imposición agresiva de arbitrios puede representar para proyectos financiados con fondos federales.

Junta mantiene oposición a la Ley 215

Aunque las tasas diferenciadas identificadas por la Junta provienen de ordenanzas municipales adoptadas en distintos años y no fueron creadas por la Ley 215-2024, el organismo vinculó el asunto con preocupaciones adicionales sobre esa legislación.

La Junta reiteró que se opone a la implantación de la Ley 215 y que ha ordenado que no se implemente y que cualquier acción adoptada para ponerla en vigor sea revertida mientras completa su evaluación bajo PROMESA.

Entre sus objeciones, señaló que la legislación duplica de $100,000 a $200,000 el valor de las obras que pueden contratarse fuera de un proceso de solicitud de propuestas selladas y aumenta de $3,000 a $10,000 el límite de las microcompras sin subasta.

A juicio de la Junta, esos cambios debilitan las salvaguardas de la contratación pública. El organismo destacó que, en años recientes, al menos nueve alcaldes de Puerto Rico han enfrentado cargos criminales por conducta relacionada con procesos de contratación, incluyendo casos de sobornos, corrupción y fraude.

Como alternativa para fortalecer las finanzas municipales sin depender de los arbitrios relacionados con la reconstrucción, la Junta propuso una fiscalización uniforme de las patentes municipales y fortalecer el recaudo de contribuciones sobre la propiedad, incluyendo identificar propiedades que no aparecen en los registros contributivos y actualizar tasaciones en coordinación con el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).

Para el organismo fiscal, los ingresos derivados de los arbitrios sobre proyectos de recuperación constituyen, en el mejor de los casos, una entrada de dinero no recurrente y no una fuente sostenible sobre la cual los municipios puedan fundamentar su planificación fiscal a largo plazo.

FOMB - Letter - Response to Resident Commissioner Inquiry Concerning Construction Excise Taxes - August 8, ... by Metro Puerto Rico