Familia admite no se cumplían inspecciones trimestrales en hogares de adultos mayores 

Asimismo, añadió que, cuando un hogar es colocado bajo un plan de acción correctiva tras detectarse deficiencias, “las visitas de seguimiento se realizan con mayor frecuencia”, aunque no precisó cada cuánto tiempo se efectúan.

Los 33 hogares autorizados que fueron cerrados por incumplir con los requisitos de licenciamiento estaban ubicados en Bayamón, Caguas, Humacao, Ponce, Aguadilla, Aibonito, Manatí, San Juan y Carolina. De esos municipios, San Juan registró la mayor cantidad de cierres, con 12 hogares, seguido de Carolina, con seis.

Del mismo modo, los 11 hogares clandestinos estaban en los municipios de San Juan, Bayamón, Caguas, Arecibo, Vega Baja, Mayagüez, Cabo Rojo, Coamo, Ponce y Carolina, este último con dos hogares cerrados.

Según explicó, el cierre representa un incremento de más del 30% en los cierres prolongados de hogares en comparación con el año anterior, y los adultos mayores que fueron impactados por el cierre de los hogares están siendo reubicados por Familia luego de hacer un primer contacto con sus familiares.

“El primer paso siempre es contactar a la familia o un recurso de apoyo. Muchos identifican otro hogar, (y) nosotros le facilitamos cuáles son los hogares licenciados en las zonas de su predilección, pero si la familia no actúa, nosotros vamos al tribunal y actuamos nosotros”, señaló la secretaria de Familia.

Sobre el incremento en los números de hogares cerrados, Roig Fuertes indicó que “no le preocupa el número”, a pesar de representar un alza en intervenciones que terminan con una clausura.

“Mira, no, porque la medida en que estemos atendiendo es que estamos haciendo lo correcto, porque dejar un hogar sin proveer el servicio correcto y el servicio que realmente responda a las necesidades de nuestros adultos mayores sin haber intervenido, eso es lo que me preocuparía”, señaló Roig Fuertes.

Además, atribuyó el aumento al conocimiento y conciencia sobre los ciudadanos y proveedores de servicio, así como a los medios de comunicación.

Mientras, hay 996 licenciados y regulados por el Departamento de la Familia.

Roig Fuertes explicó, además, que a través del nuevo reglamento —que entró en vigor este nuevo año fiscal— el Departamento tendrá “más garras para atender la situación”. Se trata del reglamento para el licenciamiento y supervisión de establecimientos para el cuidado de adultos mayores, el primero que se revisa en más de 15 años.

“No es un reglamento punitivo, es un reglamento de cumplimiento, pero ciertamente tiene la parte de penalidades, la parte que no estaba en vigor, y que no existía a nivel de reglamentario, pero que ahora a partir de este nuevo año fiscal entra en vigor toda esa parte de multas y otras acciones que pueden ir contra el proveedor de servicios o sus cuidadores”, explicó la secretaria de Familia.

El nuevo reglamento establece el uso compulsorio del Sistema Uniforme de Licenciamiento y Monitoreo de Establecimiento (SULME), una aplicación electrónica creada para asistir en el proceso de monitoreo y expedición de licencias a los establecimientos que ofrecen servicios a adultos mayores.

La plataforma SULME permite verificar cuáles hogares están licenciados y conocer el estado de sus licencias. La secretaria, sin embargo, reconoció que la plataforma “no estaba siendo utilizada” como correspondía. Lo que pudo haber incidido en el promedio, durante el primer semestre del año, de las 7.3 irregularidades mensuales.

El riesgo inminente determina la intervención inmediata del DF

Roig Fuertes explicó que la intervención del Departamento de la Familia depende de la gravedad de los hallazgos detectados durante una inspección. Indicó que, cuando se determina que existe un peligro inminente para la vida o la seguridad de los adultos mayores residentes, la agencia actúa de forma inmediata y prioriza el caso.

En aquellos casos en los que las deficiencias no representan un riesgo inminente, el Departamento requiere al operador del hogar la implementación de un plan de acción correctiva, el cual es supervisado mediante visitas e inspecciones frecuentes hasta verificar el cumplimiento de la reglamentación.

“No vamos a tener ninguna tolerancia contra nadie que atente contra la salud y seguridad de nuestros adultos mayores, y vamos a actuar conforme a las leyes y los reglamentos en coordinación con la Policía de Puerto Rico, con el Departamento de Justicia, para poder atender todas las situaciones conforme a derecho”, explicó Roig Fuertes.

El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, por su parte, aclaró que los centros de cuidado de envejecientes “no le pertenece al gobierno”.

“El Estado reglamenta y fiscaliza que necesite la licencia, y claro que sí, lo importante de que tengamos esa visibilidad es que tan pronto hay algo que no es correcto... hay un permiso de bomberos que no está, un permiso de salud que no está, un permiso del Estado licenciando ese centro, pues, pueden entrar e intervenir. Pero el gobierno de Puerto Rico no opera centros de envejecientes. Son empresas privadas que el gobierno regula”, explicó Peña Payano.

Fortaleza dice que DE está preparado para el inicio de clases pese a baja en personal de seguridad

De cara al inicio del nuevo año escolar, el secretario de Asuntos Públicos notificó que el Departamento de Educación (DE) y las escuelas públicas están preparadas para recibir estudiantes.

Sin embargo, el despido de más de 600 guardias de seguridad que prestan labores en el DE por parte de la empresa privada de seguridad Génesis Security levantó preocupación por la protección de los niños y menores dentro de los planteles escolares.

Mediante una carta publicada el pasado martes, 28 de julio, la directora de recursos humanos de la empresa Cynthia M. Ruiz Arroyo indicó que la baja en el personal de seguridad responde a una“disminución de presupuesto”. No obstante, Peña Payano aclaró a la prensa que parte de los empleos y gastos del DE se estaban pagando con fondos federales temporeros creados durante la pandemia.

“Muchos de estos empleos se estaban subvencionando y se crearon exclusivamente bajo la pandemia y se estaban utilizando para pagar otros gastos operacionales que sí incluía entre ellos temas de seguridad u otros asuntos”, indicó Peña Payano.

Actualmente, “el Departamento de Educación no tiene esa asignación particular en su partida”, por lo que el presupuesto ordinario del Departamento no incluye dinero suficiente para sustituir esos fondos federales.

Peña Payano, sin embargo, indicó que “todas las escuelas van a tener seguridad y personal de mantenimiento”. Además, explicó que no han habido reportes sobre escuelas con problemas estructurales mayores.

Las expresiones fueron parte de la conferencia de prensa En Récord en La Fortaleza.