“No aguantamos más”: Proveedores exigen a Educación pagar facturas atrasadas 

Concepción Rivera advirtió que, si la situación no se corrige, entre el 1 y el 10 de agosto la deuda alcanzará el equivalente a dos meses de servicios ofrecidos y aún no pagados, justo antes del inicio del nuevo año escolar, lo que podría afectar la continuidad de los servicios.

“Un mes de impago bajo las circunstancias económicas actuales ya es una crisis. Dos meses, con el año escolar arrancando, es insostenible. Y esto no es una falla aislada: es el resultado de años de omisiones administrativas y fiscales que hoy ponen en riesgo nuevamente los servicios de los estudiantes”, expresó Concepción Rivera.

De acuerdo con Concepción Rivera, la situación “no es producto de una emergencia inesperada, sino de decisiones y omisiones que se pudieron evitar: un presupuesto que no se ha establecido conforme al gasto operacional real del Programa y la falta reiterada de partidas presupuestarias para un gasto que el propio Departamento sabe que es recurrente año tras año. Son esas omisiones las que hoy amenazan la continuidad de los servicios a apenas días de que comience el año escolar“.

La líder explicó que se adeudan más de 69,000 servicios de terapias, cifra que ni siquiera incluye las terapias compensatorias que se le deben a miles de estudiantes, ni las limitaciones de acceso a servicios de evaluación.

“Si los proveedores actuales no pueden sostener sus operaciones, estudiantes que hoy cuentan con un proveedor corren el riesgo de sumarse a esa lista de miles que ya esperan por servicio. A esto se suma que, al día de hoy, el Departamento de Educación no ha ofrecido a los proveedores información oficial, clara y precisa sobre el mecanismo mediante el cual podrán recibir los pagos adeudados bajo el nuevo proceso de facturación. Tampoco, ha explicado si los proveedores deberán realizar algún trámite adicional para poder cobrar las facturas ya sometidas. El resultado, a días de iniciar el nuevo año escolar, es una incertidumbre operacional absoluta y la ausencia de garantías sobre la continuidad de los servicios”, agregó.

A su vez, reclamó que los proveedores no tienen que acudir a la Junta de Supervisión Fiscal ni al Departamento de Hacienda para reclamar el pago de un servicio que ya ofrecieron.

“No aguantamos más. Es insostenible. No vamos a seguir tocando puertas ajenas para cobrar lo que el Departamento de Educación nos debe. La responsabilidad no se delega, no se diluye entre agencias y no se le traslada al proveedor. Quien falló tiene que asumir su falla, y quien tiene que pagar es el Departamento de Educación”, añadió.

De acuerdo con Concepción Rivera, la crisis actual tampoco puede analizarse de forma aislada. Pues, aseguró se suma a múltiples asuntos que APPSSRE ha denunciado durante los pasados meses.

“Entre ellos, el incumplimiento del compromiso asumido por el Ejecutivo de revisar las tarifas del Programa, la ausencia de respuesta a los señalamientos realizados sobre el contrato 2026-2027 y la incorporación de disposiciones que restringen el acceso al Programa de Remedio Provisional. La acumulación de estas controversias aumenta la incertidumbre de los proveedores precisamente cuando el sistema se prepara para iniciar un nuevo año escolar. Ninguna de estas controversias ha recibido una respuesta por parte del Departamento de Educación, pese a haber sido planteadas oportunamente por APPSSRE mediante múltiples comunicaciones formales“, recalcó.

Y concluyó: “Nuestros estudiantes no merecen comenzar un nuevo año escolar bajo las mismas condiciones con las que terminó el anterior. El Departamento de Educación todavía está a tiempo de corregir esta crisis, pero el tiempo se agota. Garantizar el acceso a los servicios no puede seguir dependiendo del sacrificio económico de los proveedores privados. Es momento de que los funcionarios responsables del Programa asuman plenamente la obligación que la ley les impone y actúen con la urgencia que esta situación exige”.