Ley para detectar a tiempo la enfermedad renal lleva casi 20 años sin implementarse
Frente al aumento sostenido de la enfermedad renal crónica en Puerto Rico, una ley aprobada hace casi dos décadas, para detectar la condición de forma temprana, permanece sin implementarse. El Departamento de Salud (DS) nunca estableció el mecanismo que ordenó la Ley 18 de 2008 para recopilar mensualmente los resultados de las tasas de filtración glomerular (GFR, por sus siglas en inglés), uno de los principales indicadores de la función renal, pese a que la enfermedad afecta a unas 115,295 personas, equivalentes al 4.3 % de la población.
La legislación dispone que los laboratorios clínicos entreguen mensualmente, al DS y al Consejo Renal de Puerto Rico, los resultados de las tasas de filtración glomerular, mediante un formulario diseñado por la agencia, con el propósito de monitorear tendencias, identificar pacientes en riesgo y promover estrategias de prevención antes de que la enfermedad avance a etapas más severas.
Sin embargo, ese mecanismo nunca se estableció. Metro Puerto Rico constató con la Asociación de Laboratorios Clínicos de Puerto Rico (ALCPR) que actualmente no existe un sistema para reportar esos datos, por lo que tanto el DS como el Consejo Renal carecen de estadísticas poblacionales que permitan vigilar la evolución de la función renal en la isla.
“La detección temprana sigue siendo la deuda más grave en nuestra isla. El diagnóstico temprano sigue siendo una necesidad que continúa latente”, expresó en entrevista telefónica.
Pacheco Cruz explicó que, desde hace aproximadamente un año, ha dado seguimiento al DS y al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR) para impulsar el cumplimiento de la Ley 18, luego de que representantes de la agencia participaran en una actividad organizada por el Consejo Renal.
“De nosotros lograr acceder a estos datos, nos va a servir como una brújula para una política pública efectiva”, sostuvo.
Añadió que el acceso a esa información permitiría identificar tendencias, detectar pacientes antes de que desarrollen insuficiencia renal y dirigir con mayor precisión los esfuerzos de prevención.
Una fuente cercana al DS, que solicitó no ser identificada para evitar represalias, aseguró incluso que personal del área de enfermedades crónicas desconocía la existencia de la ley hasta una reunión celebrada, a finales de abril, con el IEPR, donde precisamente comenzó a discutirse cómo levantar esa información.
Consultado por Metro Puerto Rico, el secretario de Salud, Víctor Ramos Otero, indicó que conoce la existencia de la Ley 18, aunque dijo desconocer los detalles sobre su implementación y remitió las preguntas específicas a la oficina de comunicación de la agencia.
No obstante, insistió en que la prioridad del Departamento es evitar que los pacientes lleguen a necesitar diálisis.
“Nosotros trabajamos todos los días con personas con fallos renales. En Puerto Rico, hay una alta incidencia de diabetes, que va directamente relacionada a enfermedad renal. [...] Por eso controlar la diabetes es importante, hacer evaluaciones tempranas, detección temprana de que puedes estar entrando en un programa renal, aunque no sea de diálisis, y empezar a trabajar para minimizar el riesgo de llegar a diálisis”, expresó.
La directora de la División de Epidemiología e Investigación del Departamento de Salud, Ruby Serrano Rodríguez, confirmó que la agencia comenzó a evaluar alternativas para finalmente poner en funcionamiento la legislación.
Según esta, una de las opciones consiste en extraer la información desde diversos sistemas electrónicos que ya reciben resultados de laboratorios, incluyendo el Health Information Exchange y otras plataformas de vigilancia epidemiológica.
“Hay que hacer una serie de investigaciones que estamos trabajando y determinar dónde va a residir ese trabajo”, indicó la epidemióloga.
Entre las alternativas que analizan figura definir si se utilizará el cálculo completo de la tasa de filtración glomerular que aparece en los paneles metabólicos o si únicamente se recopilarán las variables necesarias para calcularla.
Actualmente, el indicador tampoco figura entre los resultados de laboratorio de notificación obligatoria incluidos en la Orden Administrativa 597 del DS. Serrano Rodríguez explicó que ese listado está compuesto mayormente por enfermedades infecciosas, mientras que la enfermedad renal es una condición crónica.
Para el presidente de la Asociación de Laboratorios Clínicos de Puerto Rico, Felipe Cintrón Zayas, contar con esa información permitiría identificar miles de pacientes antes de que la enfermedad progrese silenciosamente.
“Esta medida debe ser monitoreada porque la debilitación de los riñones puede avanzar durante años sin presentar síntomas. Miles de pacientes pueden estar en riesgo sin saberlo”, estableció en declaraciones escritas.
Cintrón Zayas añadió que cualquier revisión del sistema de reporte deberá considerar las capacidades de los sistemas electrónicos actuales, la protección de la privacidad de los pacientes y el valor clínico de la información recopilada.
Mientras el Departamento de Salud evalúa cómo poner en vigor una legislación aprobada hace casi dos décadas, Puerto Rico continúa sin contar con un sistema oficial de vigilancia que permita aprovechar uno de los principales indicadores clínicos para detectar la enfermedad renal antes de que evolucione hacia un fallo renal y la necesidad de diálisis.
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